En la iniciativa defienden que la Ley de Memoria Democrática de Aragón es creada para establecer las condiciones «precisas» para que la sociedad aragonesa «sea consciente de su pasado y esté en disposición de construir un futuro sobre la base del reconocimiento de la diversidad como bien a preservar, la igualdad de todas las personas con independencia de su origen, opiniones, conciencia, ideología, identidad étnica y expresión o identidad de género, el diálogo permanente y el respeto a los derechos humanos como fundamento de la libertad».
Asimismo, inciden en que se trata de una norma basada en los principios de «verdad, justicia, reparación y no repetición», dentro del conjunto de principios redactados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) «para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad», donde se reconocen, señalan, entre otros, dos derechos fundamentales: «el derecho de los familiares a investigar y conocer el destino de sus ascendientes desaparecidos» y el «derecho a la justicia y al reconocimiento y la reparación moral y jurídica».
Además, en la moción destacan el «trascendental» trabajo de las
asociaciones memorialistas y lamentan que la derogación de la ley, fruto de los acuerdos de gobernabilidad entre PP y Vox tendrá «gravísimas consecuencias» para estas entidades ya que el Gobierno de Aragón «dejará de apoyar económicamente las exhumaciones, los estudios antropológicos y los análisis genéticos de los cuerpos hallados en las fosas comunes».
Por otro lado, PSOE, En Común-IU y CHA consideran «muy reprochable» la decisión del Gobierno de Aragón y de su consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, de derogar esta ley el 20 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco.
«Este hecho es 'dogwhistle' de manual, en el que una decisión intrascendente sirve únicamente para agradar a los más ultras y nostálgicos», lamentan.
Por todo ello, defienden que la Ley de Memoria Democrática de Aragón «es un ejercicio de rigurosidad en lo que las Naciones Unidas defienden como derecho a la verdad y derecho a recordar» y apuntan que resulta «muy relevante y significativo» que entre los colectivos que están en contra de la derogación de esta Ley se encuentren los profesores de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, quienes, recuerdan, han firmado un manifiesto contra su derogación por considerar que dicho texto es «académico y apartidista».
Por todo ello, con la moción muestran su «rotundo rechazo» a la
derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, instan al Gobierno de Aragón a no derogarla y a mantener las ayudas económicas a las asociaciones memorialistas del territorio, así como el resto de actuaciones que emanan de dicha ley.
Solicitan a su vez mantener el 3 de marzo como Día de la Memoria
Democrática de Aragón «para seguir reivindicando los derechos a conocer la verdad y a recordar» y acuerdan dar traslado del acuerdo a las asociaciones memorialistas de Aragón, a la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón, al Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza, a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y al Presidente del Gobierno de Aragón.
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