El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado este martes, ante el inicio de la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, como «un día triste» por el hecho de que «hoy se confirma un atropello a la Constitución».
En declaciones a los medios de comunicación en Sevilla, tras presidir el acto de entrega de las Medallas al Mérito de Protección Civil de Andalucía, Sanz ha argumentado que esta iniciativa para propiciar la anulación de los delitos cometidos por políticos catalanes por la convocatoria del procés «es una auténtica y muy seria amenaza al Estado de Derecho, a la separación de poderes».
El consejero de la Presidencia, quien, en una referencia velada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que «no vale todo para mantenerse en el poder, no vale saltarse todas las líneas rojas rompiendo la Constitución», ha calificado a esta iniciativa legal como «claramente inconstitucional», antes de reafirmarse en que «es lamentable que la cesión de Sánchez para mantenerse en el poder lleve incluso a poner en peligro la separación de poderes».
A juicio de Sanz, el alcance de esta Proposición de Ley Orgánica «también va a poner en discusión el trabajo de los jueces y tribunales», convencido de que sus aspiraciones de anular los delitos cometidos derivan en «una amenaza y un ataque sin precedentes al Poder Judicial, que es uno de los poderes que garantizan el Estado de Derecho».
El Pleno del Congreso acogerá este martes el primer debate de la Proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE. Tras su calificación por la Mesa del Congreso, con el voto en contra el PP, la Ley de Amnistía se publicó en el Boletín de las Cortes y se envió al Gobierno para que diera la conformidad a su debate.
La Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de vetar la tramitación de iniciativas legislativas que condicionen su política presupuestaria, sea por aumento de gasto o por merma de ingresos.
El Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse, pero en esta ocasión le sobraron 27 para comunicar al Congreso su «conformidad» con la tramitación de dicha iniciativa.
Tras lograr el aval del Gobierno, la Junta de Portavoces decidió programar el debate de toma en consideración de la ley para este martes, una decisión a la que se opusieron tanto el PP como Vox.
Exceptuando la reforma reglamentaria para regular el uso de lenguas cooficiales, otra exigencia de los independentistas, la ley de amnistía será la primera iniciativa legislatura que se debata en el Pleno del Congreso esta legislatura.
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