«Sabemos que el proceso que se tiene establecido por la Ley de protección civil estatal, de cómo se declaran las zonas gravemente afectadas, es muy prolongado, lo vivimos en las DANAs de 2019, en los incendios que tuvimos, lo hemos vivido en el volcán de La Palma. Es decir, es un procedimiento que realmente no es el que se necesita ante una situación de emergencia», ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press.
Novillo ha recordado que el Estado tardó casi dos años en abonar las ayudas por 'Filomena' a los ayuntamientos afectados. «O sea, que ya son ayudas a posteriori, no son ayudas de restauración de la normalidad, son de compensación por el daño causado. Pero cuando hay una gran emergencia, cuando se necesita la ayuda es al principio. Los ayuntamientos pequeños tienen a todo su personal trabajando y necesitan un soporte de una administración. Normalmente la hacía el Estado, pero yo creo que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en el último caso», ha apuntado.
El consejero se ha referido así al despliegue de ayuda y trabajo que puso en marcha el Gobierno regional, desde la Consejería de Presidencia, para destinar recursos del Plan de Inversión Regional (PIR) y a través de la empresa pública Planifica Madrid --que enseguida contrata maquinaria-- directamente ya al día siguiente de la DANA que afectó a principios de septiembre a municipios del sureste de la región.
Según ha explicado, lo que requerían esos municipios en ese momento era eliminar la cantidad de lodo que tenían todos los enseres de los vecinos en sus casas, que no las podían habitar, e intentar recuperar la normalidad para que los niños fueran al colegio. «Ha sido la movilización de recursos hasta ahora más importante que ha hecho la Comunidad de Madrid», ha subrayado.
El titular regional de Interior apuesta por implantar a futuro este instrumento porque este tipo de fenómenos meteorológicos «parece que cada vez serán más recurrentes». «El tener esa pronta respuesta para no tener que esperar meses a que se concedan en un proceso burocrático que es muy complejo. Y luego la Consejería de Transportes lo que hizo es ponerse ya con contratos de emergencia a reparar los tres puentes, y luego otros muchos puentes que se fueron evaluando que estaban dañados» ha añadido.
«En todos estos años nunca se había visto esa capacidad de respuesta ante municipios que en principio deberían ser ellos los que estableciesen esa normalidad; pero que cuando les sucede algo así están completamente desbordados. Les pasó con el agua también, precisamente los tres municipios afectados, da la casualidad que no están dentro del convenio con Canal, es decir, tienen un suministro propio de agua, Aldea del Freno, Villa del Prado, Villa Manta, y desde Canal necesitamos que fueran sus técnicos, reparasen sus tuberías y llevasen cisternas de agua, eso ya al día siguiente», ha proseguido.
Carlos Novillo asegura que con esos sucesos van aprendiendo y van siendo «un poco más eficaces y dando un poco en el clavo de lo que se necesita con una herramienta muy potente». «Y luego, paralelamente, ayudándoles a solicitar las ayudas de las zonas realmente afectadas, porque hay infraestructuras que requieren una reparación, polideportivos, colegios, etc., para que ellos puedan optar a ellas», ha destacado.
Ayudas a las zonas de bajas emisiones
En la entrevista, el titular regional de Medio Ambiente ha recordado que la Comunidad de Madrid va a ayudar a los municipios para implantar las Zonas de Bajas Emisiones, con las que por Ley deben contar ya los municipios que más de 50.000 habitantes.
Novillo cree que poner un rasero por población para tener que aplicar estas ZBE es «un error de la norma». «El gobierno de España obliga, en este caso, a los ayuntamientos, pero las realidades son muy diferentes en los municipios. Nosotros lo que queremos es darle las herramientas a aquellos que detecten que tienen esa necesidad de tener que hacer una ZBE con un control de la movilidad determinado, pero que realmente tenga una base científica», ha explicado.
La Comunidad de Madrid lo que busca es dotarles de datos, es decir, «crecer con la red de calidad del aire para darles la mayor cantidad de datos posibles y, a partir de ahí, que los ayuntamientos puedan determinar cómo va a ser esa ZBE».
«Hay distintos modelos. Hemos visto cómo Madrid Central, que ha variado a Madrid 360, ha funcionado. No hay que ser tan dogmáticos en que hay que cerrar el centro de las ciudades al tráfico, sino que habrá realidades en municipios porque influyen muchísimos factores. La densidad del tráfico, pero también las corrientes de aire, la topografía que puede tener. Todo eso al final necesita muchos datos para que cada ayuntamiento elija cómo tiene que ser la protección de la salud», ha apuntado.
Para eso, ha explicado el consejero, «dado que la financiación ha sido insuficiente por parte del Gobierno de España, que ha dado un millón de euros, la Comunidad va a aportar otros 2,3 millones de euros a los ayuntamientos, para que puedan llevar a cabo esa modificación en los cascos urbanos que realmente lo necesiten».
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