Miles de trabajadores del sector público en Euskadi se han manifestado en las tres capitales vascas, principalmente en Bilbao, para exigir a las distintas administraciones «buenas condiciones laborales» para sus empleados públicos y poder garantizar que la ciudadanía tenga unos servicios públicos «de calidad, universales y para todos». También han exigido recuperar poder adquisitivo y el fin de la temporalidad y de las privatizaciones ya que sus demandas no son «un problema de dinero sino de voluntad política».
Las manifestaciones, celebradas a mediodía, han sido el eje central de esta segunda jornada de huelga, de las dos convocadas por los sindicatos ELA, LAB, CCOO, SATSE, ESK y Steilas y que, bajo el lema «Por unos servicios públicos, salarios y empleo acordados aquí», han tenido «un seguimiento muy amplio e importante», según las estimaciones sindicales.
A esta segunda jornada de huelga estaban llamados cerca de 150.000 trabajadores, que entre otras demandas reclaman a Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos, garantizar incrementos salariales del 10%, reducción de jornada laboral hacia las 32 horas semanales y la consolidación del empleo público en la comunidad autónoma para reducir la temporalidad en las distintas administraciones al 8%.
Las marchas han partido en Bilbao del Ayuntamiento para concluir ante la sede del Gobierno Vasco, mientras que en San Sebastián han discurrido con inicio y final en el Boulevard y en Vitoria-Gasteiz han partido de la plaza Bilbao.
En una valoración previa a la manifestación de Bilbao, los representantes de ELA, Igor Eizaguirre, LAB, Xabier Ugartemendia y CCOO, Iñigo Garduño, han intervenido ante los medios, en nombre de los seis sindicatos convocantes, para expresar que los pasos dados desde la jornada de huelga celebrada el 25 de octubre son «todavía insuficientes» porque han supuesto «pequeños avances», como la convocatoria de mesas negociadoras en distintos ámbitos y el acuerdo de investidura del PNV con el PSOE para que el empleo y el salario de las y los trabajadores públicos «se puedan decidir aquí».
A su juicio, estos avances solo han sido consecuencia del «amplio seguimiento» que tuvieron las huelgas y las movilizaciones, que son las que han conseguido «abrir vías que estaban cerradas desde hace más de una década».
Tal y como han recalcado los tres representantes sindicales, «estos pasos demuestran que, si existe voluntad política, lo que era imposible e ilegal se convierte en posible y legal y que se puede negociar, y se deben negociar aquí, los servicios públicos».
Los representantes sindicales han aludido en sus intervenciones a los presupuestos que se van a aprobar tanto en Euskadi como en el Gobierno central, y han reiterado una doble petición a los partidos políticos con representación en ambos ámbitos.
Por un lado, han apuntado que, a nivel de Euskadi, desde la perspectiva sindical, a la hora de votar los presupuestos vascos, «no hay ninguna excusa para no priorizar las reivindicaciones de las y los trabajadores públicos y las necesidades de la ciudadanía, porque desde Madrid hoy no hay ninguna limitación impuesta».
Por otro lado, en relación a los presupuestos generales del Estado, los sindicatos piden a los partidos políticos vascos que «utilicen sus votos en los presupuestos que se negociarán en Madrid para no incluir en ellos vetos a pactar aquí los servicios públicos, empleo y salarios».
Seguimiento por sectores
Por sectores, los sindicatos, que ostentan en su conjunto el 85% de la representación sindical en el ámbito público vasco, han calificado de «amplio» en la educación pública y universitaria, en torno al 60% en la no universitaria y en «más de la mitad» de los trabajadores de Educación Especial, al igual que en el personal de Cocina y Limpieza.
Según las estimaciones sindicales, en las haurreskolak la huelga ha contado con el apoyo de cerca del 70% de la plantilla mientras que en la UPV/EHU la actividad académica ha sido «muy escasa», con un seguimiento «casi completo en algunas facultades, como en magisterio» y, en general, «muy escasa actividad» en los aularios en tres territorios. Además, el «desigual seguimiento» entre el personal de administración y servicios ha afectado a todos los servicios.
En el ámbito municipal y foral, los sindicatos han considerado que «se han corroborado los datos que ya teníamos al inicio de la jornada y el seguimiento de la huelga ha sido muy amplio».
En concreto, han aludido a un seguimiento «muy significativo» en los ayuntamientos más grandes de las diferentes comarcas entre los que han destacado los de las tres capitales, así como en la mayoría de los consistorios de Gipuzkoa.
En Bizkaia han mencionado seguimientos destacados en Barakaldo, Bermeo, Ortuella, Trapaga, Markina, Lekeitio, Gernika, Basauri, Igorre, Berriz y Arrigorriaga, y en Álava, han citado Agurain, Laudio y Amurrio.
En cuanto a Osakidetza, los sindicatos han criticado que los servicios mínimos establecidos «han condicionado totalmente el seguimiento de la huelga», lo que se ha traducido en que «a miles de trabajadores se les ha negado el derecho de huelga con la imposición de unos servicios mínimos del 100%».
Al igual que en la anterior convocatoria, la incidencia de la huelga ha sido mayor en Atención Primaria, sobre todo entre el personal de atención al paciente, nivel asistencial donde «algunos centros de salud han estado cerrados».
Hospitales
Respecto a la incidencia en los hospitales vascos, los servicios mínimos han tenido «mayor impacto» y, por ello, el seguimiento está siendo «menor», aunque en algunos los quirófanos «están cerrados» y en los laboratorios han trabajado los servicios mínimos.
En cuanto al transporte público, tras incidir en que la mayoría está privatizado, entre los que no han sido privatizados, los sindicatos han destacado que en Euskotren, Metro Bilbao y Donostibus ha habido «un seguimiento muy amplio» y «total» en Tuvisa, con los servicios mínimos trabajando «en solitario».
El seguimiento en la Administración General y en la Administración de Justicia ha sido también «amplio pero desigual» por territorios y por ámbitos, mientras que entre los trabajadores del Estado han reconocido que el seguimiento ha sido «más modesto».
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