El Secretario Autonómico de Educación y Formación de la Comunidad Valenciana, Daniel McEvoy. | Rober Solsona - Europa Press

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El proyecto de reforma de la Ley de Plurilingüismo que la Conselleria de Educación que dirige José Antonio Rovira se ha fijado entre sus objetivos contempla realizar «una consulta» a las familias sobre la «lengua base» de su centro educativo, tanto en Primaria como en Secundaria.

La intención es poner en marcha un «mecanismo de libertad de elección pero que sean las familias las que elijan, no los consejos escolares, sino todas y cada una de las familias, la lengua base de cada centro» --castellano o valenciano--, que será en la que se impartan las materias troncales. Además, dentro de esa lengua base se pueden abrir diferentes porcentajes de aplicación de los idiomas (hay que recordar que la propia jurisprudencia ha 'blindado' la presencia de lenguas cooficiales, por ejemplo, con un mínimo del 25%).

Así lo ha avanzado, en una entrevista concedida a Europa Press, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, que ha calificado el proyecto de «bastante novedoso». Ha matizado que la Conselleria cuenta ya con un borrador «muy avanzado» de la norma, pero que esta ha de pasar por Les Corts, de manera que puede experimentar modificaciones.

En concreto, McEvoy ha detallado que la fórmula a la que se apunta pasa por que «en cada centro se va a elegir una lengua base». De este modo, en las zonas castellanohablantes será el español «la lengua base del sistema, pero sí habrá un porcentaje de valenciano». Así, se pretende desarrollar «un proceso de consulta en las familias que acceden por primera vez al sistema e, incluso, en el primer año estamos viendo la posibilidad de hacerlo entre todas las familias».

Preguntado por las posibles críticas a que la lengua vehicular no sea marcada por un proyecto lingüístico aprobado por el Consejo Escolar, el secretario autonómico ha remarcado: «Nosotros lo que pretendemos es que la libertad de elección sea de los padres y de las madres de los alumnos».

Y ha añadido: «El Consejo Escolar está perfectamente reglamentado y las competencias las tiene atribuidas por ley. Pero realmente, en el Consejo Escolar la representación es paritaria y no equilibrada entre familias, profesores y alumnos. Entonces, lo que queremos es que sean las familias las que elijan del mismo modo que hizo, por ejemplo, con la jornada escolar el anterior gobierno».

A partir de esa consulta a los progenitores --que se desarrollará de manera telemática-- y en función de los resultados, «ya sabremos en cada centro cuál es la lengua base y también dependiendo del resultado y en función de las líneas de cada colegio o instituto».

El «esbozo» de la renovada ley contempla una serie de tablas que permiten que, dentro de la lengua base, sí puede haber diferentes porcentajes en cuanto a la aplicación lingüística para que haya materias en diferentes idiomas.

También se ha previsto un mecanismo --al igual que sucede con las votaciones sobre la jornada continua-- para que las familias puedan revisar la lengua elegida. «Los hijos de las familias que están en un momento dado solicitadas para ver cuáles son sus preferencias van abandonando el centro y los que entran no tienen por qué tener las mismas preferencias».

"amable y apetecible"

Además, McEvoy ha subrayado que la Generalitat quiere «garantizar» y «fomentar» el aprendizaje del valenciano y para que a los alumnos les resulte "amable y apetecible su estudio se pondrá en marcha una certificación de los niveles adquiridos en las diferentes etapas.

«Es decir, el que termine Secundaria tendrá una certificación, el que termine Bachillerato tendrá otra y otra mayor en función de la nota obtenida. Con eso lo que pretendemos es que, incluso en las zonas de predominio lingüístico castellano, sea atractivo estudiar valenciano», ha aseverado.

Preguntado por las críticas a los cambios que se han hecho desde algunos sindicatos docentes o entidades como Escola Valenciana, McEvoy ha considerado que hay «una colisión de derechos».

«Las mismas personas y entidades que hacen esas afirmaciones desde hace muchos años lo que vienen defendiendo es que lo mejor para los niños y jóvenes es estudiar en su lengua materna. Entonces, claro, en Orihuela o en Requena su lengua materna es el castellano», ha argumentado.

Asimismo, ha defendido que «el fomento del valenciano se puede hacer de una forma amable». «Ese es el sentido que nosotros estamos persiguiendo. Si certificamos también a los niños y jóvenes de Orihuela o Requena un nivel de valenciano cuando egresan del sistema educativo, fomentamos precisamente que lo hagan y que lo hagan a gusto. Una lengua no se puede aprender por imposición, la lengua hay que protegerla y hay que quererla, pero no se puede imponer jamás y es la línea que nosotros seguimos», ha insistido.

Otra de las cuestiones que recoge el proyecto que diseña Educación es que el alumnado con necesidades educativas especiales, como puede ser el de familias migrantes, «sea educado en la lengua materna o la lengua a la que más fácil acceso tenga».

En este punto, ha adelantado también la voluntad de la Conselleria de que las dotaciones de personal y recursos incluidas en el Plan de Mejora Docente (PAM) «vayan en función de unos criterios lo más objetivos posibles y en función de la cantidad de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que haya en cada centro».

Por último, ha aseverado que la ley «va a permitir también unos porcentajes de materias impartidas en lengua extranjera», que decidirá cada centro.

Plazos

Desde la Conselleria se va a intentar que el nuevo marco normativo esté listo para el próximo curso escolar, aunque todo depende de la tramitación parlamentaria y de que esté listo el mecanismo informático para realizar la consulta. Además, hay que tener en cuenta que tendría que estar preparado para el proceso de admisión de alumnado.

«Esperamos llegar a tiempo», ha dicho Daniel McEvoy, que ha puntualizado que, por si acaso, se decidió introducir ya en la Ley de acompañamiento la reforma para que el valenciano dejara de ser obligatoriamente lengua vehicular en zonas castellanohablantes, al ser esta, en su opinión, «la parte más lesiva» de la actual ley de plurilingüismo.