Además, ha destacado que Sortu como partido es quien, cada vez más, organiza estos actos de «glorificación» de la organización terrorista, y es lo que supone «el mayor obstáculo para la convivencia en el posterrorismo».
Tal como ha informado Covite en un comunicado, 2023 ha sido el primer año en que no ha registrado ningún acto de bienvenida a reclusos de la banda desde que empezara a denunciarlos públicamente a finales de
2016.
La presidenta de esta asociación, Consuelo Ordóñez, cree que es «una muy buena noticia para las víctimas, al tratarse de los actos más humillantes». «Hemos llegado a denunciar 'ongi etorris' que tuvieron lugar debajo de la casa de una de las víctimas de un sanguinario asesino de ETA, como fue el de Javier Balerdi en San Sebastián el 21 de diciembre de 2016. No se me ocurre una infamia mayor que esa», ha asegurado.
Ordóñez ha apuntado que el hecho de que «hayan desaparecido estos actos aberrantes es positivo, tanto para las víctimas como para la sociedad en general».
Covite ha atribuido la desaparición de los 'ongi etorris' a su «labor constante de documentación y denuncia pública de este tipo de actos humillantes e indignos», que ha dado como resultado «el rechazo de la mayoría de la sociedad vasca, navarra y española a los 'ongi etorris', así como la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políticas, »exceptuando a EH Bildu".
En todo caso, hace hincapié en que «la legitimación pública de ETA a través de otro tipo de actos sigue muy presente en las calles de Euskadi y de Navarra», según reflejan los actos documentados en el Observatorio de radicalización a lo largo de 2023.
Del total de los actos realizados, 173 han tenido lugar en Gipuzkoa, 162 en Bizkaia, 67 en Navarra, 40 en Álava, 14 en otras provincias y 10 en el extranjero, sobre todo en el País Vasco francés.
Respecto a la tipología de los actos de apoyo a ETA, 178 han sido de manifestaciones en las que se ha reclamado la excarcelación de los etarras presos; 166 pintadas y pancartas de ensalzamiento
explícito a la banda y a sus reclusos; 48 de homenajes públicos a miembros de ETA fallecidos; 27 fiestas populares celebradas
específicamente para enaltecer a ETA, como el 'Gudari eguna'; 5 homenajes en la vía pública a presos, en los que se coloca su foto y se le baila un aurresku (acto novedoso de este año), y 42 actos que no han podido clasificarse en ninguna de las categorías anteriores.
Covite ha insistido en que en que «el culto a ETA y a sus terroristas está lejos de desaparecer», y ha reclamado una «mayor implicación de las instituciones, especialmente las del País Vasco y de Navarra, para acabar con esta lacra».
Despenalización del 578
Esta asociación de víctimas ha mostrado su preocupación, además, por la posibilidad de que salga adelante la proposición de ley que registró Sumar en el Congreso de los Diputados para despenalizar el artículo 578 del Código Penal, que establece penas de uno a tres años de prisión para quienes enaltezcan o justifiquen el terrorismo, y para quienes realicen actos que «entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o sus familiares».
En palabras de Consuelo Ordóñez, "si bien es cierto que Covite ha comprobado de primera mano que los jueces de la Audiencia Nacional, en el contexto actual de desaparición de ETA como organización
terrorista, ya no querían aplicar este artículo para juzgar« este tipo de hechos, la derogación de este artículo »puede mandar un mensaje a la sociedad de que el enaltecimiento de ETA es una realidad inexistente, lo cual no es cierto".
La presidenta de Covite ha reiterado que, «a pesar de comprobar, por la vía de los hechos, que ese artículo no sirve para acabar con la glorificación del terrorismo de ETA en Euskadi y Navarra», les preocupa «que se pueda instalar en la sociedad la falsa idea de que esta es una lacra en la que las instituciones no tienen ninguna responsabilidad, cuando sí la tienen».
En este sentido, hace alusión a la recientemente aprobada Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que contempla un régimen sancionador administrativo para "todos
aquellos actos de exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen (artículo 30 de dicha ley)".
Por ello, reclama «exactamente lo mismo para los actos de exhibición pública de apoyo y legitimación del terrorismo de ETA». A su juicio, ya es hora de que las instituciones públicas «aborden el fenómeno de la radicalización violenta a favor de ETA en el País Vasco y en Navarra con la seriedad y la urgencia que merece».
La responsabilidad de la ia
Covite ha destacado que, «cada vez más, es Sortu como partido político quien organiza todos estos actos de legitimación pública de ETA y de sus terroristas», lo que evidencia que «los líderes de la izquierda abertzale son quienes más contribuyen a la radicalización violenta de una parte de la sociedad vasca».
"Centenares de jóvenes están creciendo con la idea de que los etarras son héroes, 'presos políticos' o 'refugiados políticos' porque así lo
transmiten los portavoces de Sortu«, ha reprobado, para insistir en que »pedir la excarcelación de quienes están en la cárcel por crímenes gravísimos podrá ser legal, pero es un claro síntoma de anormalidad moral«. »¿Acaso vemos en Francia a cientos de personas en las calles pidiendo la excarcelación de terroristas yihadistas?", se pregunta.
Covite considera que la izquierda abertzale, con su actitud que «glorifica y justifica el terrorismo de ETA», supone «el mayor obstáculo para la convivencia en el posterrorismo», puesto que una convivencia "en paz y libertad siempre será incompatible con la existencia de una identidad política que se construye sobre el desprecio a las
víctimas de ETA".
Por ello, califica de «cinismo puro» las lecciones de la izquierda abertzale en materia de paz y convivencia. «Exhibir públicamente carteles con fotografías de los asesinos de nuestros familiares, y hacerlo además con jactancia y orgullo, o llamarles 'presos políticos', supone un ataque a las bases éticas más elementales sobre las que se debe construir una sociedad digna y democrática», concluye.
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