La Diputación Permanente del Parlamento ha convalidado este miércoles, con los únicos votos del PP-A, el decreto-ley que conlleva una subida, en 2024, del sueldo de 269 altos cargos de en torno al 15 por ciento, incluido el del titular de la Presidencia de la Junta, actualmente, Juanma Moreno, que se elevará un 18,8 por ciento para pasar a cobrar 87.333 euros anuales, repartidos en doce mensualidades. El PSOE-A se ha abstenido en la votación, mientras que Vox, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra.
En concreto, se ha convalidado el decreto-ley por el que se modifica la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el
27 de diciembre de 2023. El decreto establece que la cuantía de las retribuciones de la persona titular de la Presidencia de la Junta, «excluidos los trienios o complementos de antigüedad, será equivalente a la establecida para retribuciones e indemnizaciones por la Mesa del Parlamento de Andalucía, en cómputo anual y por todos los conceptos, salvo locomoción, para los portavoces de grupos parlamentarios, minorada en un 5%».
En defensa del decreto-ley, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha empezado planteando que este asunto debe tratarse «de manera rigurosa y fuera de demagogia», ha justificado su elaboración en que «el sistema retributivo de los miembros del Gobierno y del personal alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía y asimilados carecía hasta ahora de una regulación normativa sistemática y completa, de forma que dicho sistema retributivo exige una regulación integral y no dispersa, en una sola disposición con rango legal, que permita una normativa más estable, garantizar la mejor fiscalización y control e incrementar así la seguridad jurídica exigible a una correcta aplicación del Derecho Administrativo».
Sanz ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía era el «segundo presidente autonómico peor remunerado» de España, solo por encima del de Cantabria. Ha querido dejar claro que «no es una cuestión partidista, sino de altura institucional y representación institucional de una comunidad como Andalucía». Se trata de que, gobierne quien gobierne, según ha señalado, intentar aproximarnos con «sensatez» a un cierto equilibrio entre la función ejecutiva y legislativa y la representación institucional de la comunidad.
Ha manifestado que las subidas son en unas cantidades «razonables» y no se trata de dar un salto «para estar a la cabeza», sino que el presidente de la Junta se sitúa «prácticamente en la mitad» de las retribuciones de jefes de ejecutivos autonómicos.
El Gobierno andaluz argumenta para justificar esta nueva normativa que «las retribuciones del personal alto cargo de la Junta no han experimentado en los últimos años las mismas actualizaciones que las del personal funcionario», por lo que «se considera adecuado actualizar dichas retribuciones tomando como referencia las cuantías que perciben por todos los conceptos con carácter fijo y periódico los portavoces de los grupos parlamentarios andaluces, y minorándolas en los porcentajes que se establecen en este Decreto-ley en función del rango de los distintos órganos».
En concreto, en lo que respecta a la persona que ostente la presidencia de la Junta, el decreto-ley establece que la cuantía de sus retribuciones, «excluidos los trienios o complementos de antigüedad, será equivalente a la establecida para retribuciones e indemnizaciones por la Mesa del Parlamento de Andalucía, en cómputo anual y por todos los conceptos, salvo locomoción, para los portavoces de grupos parlamentarios, minorada en un 5%, sin derecho a pagas extraordinarias y referida a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente».
De igual modo, el Gobierno andaluz establece en este decreto que la cuantía de las retribuciones de consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, secretarios generales técnicos, delegados del Gobierno andaluz, delegados territoriales y provinciales, y «asimilados a cualquiera de los anteriores, ya sean de la Junta de Andalucía o de sus agencias administrativas y de régimen especial», «sin perjuicio de la que les pueda corresponder por trienios o complementos de antigüedad», se determinará disminuyendo la cuantía referida para la persona titular de la Presidencia de Junta en una serie de porcentajes.
Intervenciones de los grupos
En el turno de intervenciones de los grupos, el portavoz del PP-A, Toni Martín, ha criticado la «demagogia» de la oposición a la hora de tratar este asunto y ha manifestado que el nivel de retribuciones en la administración autonómica es «bajísimo», lo que impide atraer talento del sector privado. Ha defendido tanto que él sí informó a los otros grupos parlamentarios sobre lo que se pretendía aprobar como se haya recurrido a la vía del decreto ley.
Martín ha apuntado que es una iniciativa «razonable» que coloca al presidente de la Junta prácticamente en la media de las retribuciones de los jefes de ejecutivos autonómicos de España.
Por su parte, el diputado del PSOE-A José Aurelio Aguilar ha manifestado que este decreto no debería ser convalidado «ni por razones de forma ni de fondo, ya que es un monumento a la incoherencia e hipocresía» del Gobierno andaluz y de su presidente. «Se ha optado por una forma casi clandestina de un decreto ley navideño, sin ninguna razón para su urgencia», ha indicado Aguilar, quien ha criticado que «se hurte al Parlamento de un debate abierto, en pleno, con más publicidad y enriquecedor sobre las retribuciones de los altos cargos de la Junta», y ha preguntado por qué este asunto no se incluyó en el debate de los Presupuestos de la comunidad de 2024.
Ha señalado que podrían aceptar que las retribuciones de altos cargos de la Junta necesiten una actualización, pero «no como se hace» en este decreto. Ha indicado además que, en ningún momento, se ha informado previamente al PSOE-A sobre los tiempos ni el contenido del decreto ley, algo de lo que también se han quejado los portavoces de los otros grupos de la oposición.
El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha manifestado que Moreno y su Gobierno se «suben el sueldo porque pueden y quieren» y ha indicado que no está justificada la urgencia, sobre todo, cuando es una medida que se decide después de cinco años de la llegada del PP a la Junta. Ha preguntado por qué no se equiparan también las retribuciones de empleados públicos, como sanitarios o docentes. Ha criticado que una justificación del Gobierno sea la equiparación con las retribuciones con los portavoces en el Parlamento andaluz. «Esta medida, con la que está cayendo, no es seria ni es prioritaria ni está bien hecha», ha apuntado.
La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado que se haya elegido la fórmula del decreto-ley para abordar este asunto porque la urgencia no está «avalada en ningún sitio» y ha alertado de que, en este sentido, puede ser «inconstitucional». «Se ha traído con trampa y con engaño», ha apuntado Nieto, para quien sí es importante que los cargos públicos e institucionales tengan unas retribuciones adecuadas a sus responsabilidades, pero también hay que pensar en las de los empleados públicos.
El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Ignacio García, ha manifestado que no ve justificada la urgencia de esta medida como para recurrir al decreto-ley, y ha señalado que los sueldos en el poder político y económico deberían estar sometidos a una constante
fiscalización.
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