El que fuera vicealcalde de la ciudad de València Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y el axedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón, se han sentado este martes en el banquillo de los acusados por el conocido como 'caso pitufeo' de Imelsa.
La vista contra los cuatro acusados, que se han sentado en la sala junto a sus letrados, ha arrancado a las 10 horas en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. Se trata de la pieza A del caso Imelsa y las declaraciones de los acusados están previstas para los días 5 y 6 de febrero.
En total, se sientan en el banquillo cuatro acusados de las 49 personas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa, por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015.
La Audiencia Provincial fue admitiendo los recursos de los procesados --incluido el partido-- y decretando el sobreseimiento de las actuaciones para todos ellos --con excepción de los cuatro que finalmente se sentarán en el banquillo-- y el Tribunal Supremo, por su parte, desestimó los recursos de queja contra los archivos acordados por el órgano provincial.
Fiscalía Anticorrupción solicitó en su día en su escrito de calificaciones provisionales hasta 15 años de prisión para Grau --investigado en el caso Azud y condenado por el Tribunal Supremo a nueve meses de prisión por aceptar relojes de alta gama por parte de un empresario que suscribió 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015--, siete para García Fuster y cinco para Santón y Salinas. Esa cifra incluía los años de cárcel por un delito de blanqueo, que finalmente no se contempla.
En el caso de Grau, se mantuvo su procesamiento y el auto del instructor, que le atribuía un papel de «recaudador» de dinero para el PP en las elecciones de 2007 y 2011. El instructor atribuía a José Salinas y Juan Eduardo Santón el papel de cooperadores de la malversación al consentir contratos, a través de las fundaciones que dirigían, «de vago contenido prestacional y una significada onerosidad, sin una explicación suficiente en descargo de ello».
Respecto a García Fuster será juzgada por presunto cohecho en los comicios de 2011. En este caso, la Audiencia ordenó continuar la causa contra ella por la «supuesta percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste» en la campaña electoral de 2011.
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