La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha calificado de «falsa» la información en torno a la financiación de los proyectos de desalación que el Gobierno de España tiene la obligación de acometer en el Levante almeriense y en la comarca de La Axarquía, tal y como establece el Plan Hidrológico Nacional vigente desde hace años.
En este sentido, ha querido aclarar, de forma tajante, que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene declarada de interés del Estado estas obras por dos normativas distintas; la propia Ley 11/2005, que modificó el Plan Hidrológico, y el reciente Real Decreto Ley 4/2023 que estableció medidas para paliar los efectos de la sequía, según indica la Consejería en una nota de prensa.
De hecho, en base a ese Real Decreto de Ley el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico acordó firmar un protocolo de colaboración con los gobiernos autonómicos de Cataluña y Andalucía para colaborar en la aportación de documentación al Estado, a fin de agilizar los tiempos de estas infraestructuras.
Por tanto, y en base a ese acuerdo de colaboración, la Junta de Andalucía ha procedido a remitir la documentación solicitada al Ministerio, al igual que Cataluña, en los Grupos de Trabajo creados para el impulso de estas obras, así como en las reuniones bilaterales mantenidas con el secretario de Estado de Medio Ambiente.
De igual fórmula y para ambas comunidades autónomas se estableció en los Grupos de Trabajo constituidos que la financiación sería con cargo a los fondos de Recuperación y Resiliencia, vía préstamo, y que las distintas obras serían acometidas por la empresa estatal Acuamed, quien se encargaría de toda la tramitación administrativa relativa al proyecto, licitación, adjudicación y ejecución de las obras.
A este respecto, desde la Consejería se quiere aclarar que, en la última de las reuniones bilaterales, la celebrada la semana pasada en Madrid, se dio cuenta del cumplimiento al cien por cien de entrega de toda la documentación requerida por parte de la Junta de Andalucía al Secretario de Estado, Hugo Morán, poniendo en evidencia que el proyecto y suelo de la desaladora de Bajo Almanzora II del levante almeriense se remitió en julio de 2023 y la de la Axarquía este mismo mes de enero de 2024.
Por todo ello, desde la Consejería de Agricultura se pide «la inmediata rectificación» al Ministerio por difundir una información que no se ajusta con la realidad ni con el proceso de lealtad institucional que debe de primar ante la firma de un protocolo de colaboración que establece, perfectamente, los deberes de cada una de las administraciones y que deja claro que estas obras son competencia del Gobierno de España tanto en su ejecución como financiación.
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