En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Más Madrid indica que pudiera haber contradicciones entre las declaraciones de la acusación particular municipal seguidas en el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid con las efectuadas en el Tribunal de Cuentas, ante la falta de claridad sobre si se sintieron perjudicados patrimonialmente con estos contratos.
Más Madrid considera que «carece de toda lógica defender algo en una instancia mientras se niega paralelamente ante otro órgano fiscalizador». «El Ayuntamiento de Madrid habrá de guardar un relato coherente de los hechos, no variándolos en aras a posiciones difícilmente entendibles desde las acusaciones populares, que persiguen la reparación del daño producido al interés público», ha instado Más Madrid en el escrito presentado.
De hecho, «con las aseveraciones de las acusaciones particulares no resulta sencillo concluir la no existencia de un saldo deudor injustificado en las cuentas públicas» y «debiera ser conocido por el Tribunal de Cuentas a la hora de decretar el archivo de las diligencias pues el Ayuntamiento de Madrid habrá de guardar un relato coherente de los hechos, no variándolos en aras a posiciones difícilmente entendibles».
La formación política que encabeza Rita Maestre considera asimismo que la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid «habría de ventilarse conociendo la totalidad de sus alegaciones, atendiendo principalmente el Tribunal de Cuentas no al hecho de no conocerse los precios de los productos en el momento más álgido de la pandemia sino en los extremos de no reclamar las cantidades pagadas y en el no uso del material objeto de los contratos».
Archivo en noviembre de 2023
El Tribunal de Cuentas decidió archivar el 7 de noviembre de 2023 las diligencias preliminares sobre tres contratos de emergencia para la adquisición de mascarillas, guantes de nitrilo y test rápidos de anticuerpos, autorizados con el convenio con la ESFM el 20 de marzo de 2020.
El primer contrato entre ESFM y Leno se rubricó el 26 de marzo de 2020 para la compraventa de un millón de mascarillas KN95 por valor de 6,6893 dólares por unidad. Un segundo contrato, con la misma fecha, se destinó a 2,5 millones de guantes por 2 dólares la unidad. Un mes después, el 7 de abril, se acordó la compra de 250.000 test rápidos a razón de 17 dólares la unidad.
Más Madrid recuerda en el escrito que la denuncia que llegó a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ponía de manifiesto que en la tramitación de estos contratos de emergencia se había detectado «un sobreprecio en la adquisición de mascarillas, guantes y test de antígenos porque el pagado estaba fuera del precio de mercado» y que tanto los test como los guantes «no reunían las características contratadas». Y todo ello «sin que se hubieran resuelto los contratos o se procediera a la recuperación o compensación de los pagos realizados».
El Ayuntamiento de Madrid, legitimado ante una responsabilidad contable, llevó a cabo alegaciones a la denuncia argumentando que era imposible fijar el precio de mercado y, por consiguiente, no se podría determinar un sobrecoste y apuntaba que los defectos apreciados en los productos suministrados de guantes de nitrilo, en concreto, su escasa longitud, se compensó con una reducción del precio acordado.
Tras las alegaciones del Ayuntamiento, la Fiscalía solicitó el archivo al considerar que no se había producido un alcance en los fondos del Consistorio pero desde Más Madrid argumentan que existen testimonios contradictorios si se comparan los del Tribunal de Cuentas con los del Juzgado de Instrucción 47.
Por otro lado, según recuerda Más Madrid, en los escritos de acusación enviados por el Ayuntamiento y ESFM ante el Juzgado de Instrucción, mantienen la comisión de menoscabos patrimoniales en las arcas públicas como consecuencia de sobreprecios e incumplimientos de los contratos suscritos, que incluso llegan a cuantificar, al contrario de lo manifestado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas".
El Consistorio de Madrid reclamó en este juzgado a los dos acusados, Alberto Luceño y Luis Medina, indemnizar de manera conjunta y solidaria a la ESFM por la comisión de un delito de estafa agravada en la cuantía total de 7.931.419 euros.
«No es baladí esta contradicción en las alegaciones del Consistorio, pues la misma afecta tanto a las diligencias preliminares seguidas ante el Tribunal de Cuentas como al pleito penal cuya instrucción ha realizado el Juzgado 47 de Madrid», zanja la formación política.
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