La diputada de Junts Cristina Casol a su llegada a la reunión de la ejecutvia del partido | Europa Press

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La dirección de Junts ha avalado expulsar a la diputada en el Parlament Cristina Casol del grupo parlamentario tras su denuncia de presunto acoso por razón de género, y ahora será el grupo parlamentario quién deberá ejecutar esta decisión.

La resolución se ha tomado este lunes en una tensa reunión de la ejecutiva del partido, que ha empezado a las 10 horas y a la que Casol ha llegado sola 20 minutos más tarde.

En la ejecutiva se ha llevado a votación la posibilidad de expulsarla y, de forma «mayoritaria» --sólo 8 votos en contra de los 23 miembros del órgano-- ha ganado los que defendían esta opción, según han precisado fuentes conocedoras a Europa Press.

Esta decisión se ha tomado después que Casol denunciara al grupo de Junts ante la Oficina de Igualdad del Parlament por presunto acoso, que delegó la investigación en una empresa externa.

El informe de esta empresa externa concluyó que no había hechos probados --literalmente-- en la denuncia por acoso de Casol, pero sí describía un ambiente de tensión y trabajo en el grupo «dónde el machismo cultural está arraigado».

También recoge que se viven situaciones de tensión interna en la formación y que hay «una base fuertemente patriarcal», entre otros aspectos.

No adscrita

Casol ya había trasladado al secretario general de Junts, Jordi Turull, y al presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, que no entregará su acta de diputada pese a que la expulsen, y en consecuencia mantiene su decisión de pasar a ser diputada no adscrita en el grupo mixto.

A la salida de la ejecutiva, ni la presidenta de Junts, Laura Borràs, ni el secretario general, Jordi Turull, han querido hacer declaraciones al respecto.

CASO MADAULA

Más allá del caso Casol, la también diputada y secretaria segunda de la Mesa, Aurora Madaula --ambas afines a Borràs--, también ha denunciado el grupo de Junts ante la Oficina de Igualdad y se está a la espera del informe pertinente.

Madaula, que sigue de baja médica, generó un malestar generalizado en el grupo después de que, en el 'Parlament de les Dones' que se celebró en noviembre del año pasado, manifestara que había sufrido «violencias silenciosas» de compañeros.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, se reunió con ella y le instó a reflexionar sobre su continuidad como secretaria segunda de la Mesa, y 22 de los 32 diputados de Junts también firmaron un texto en su contra que presentaron a la Comisión de Garantías.

Desde la dirección del partido siempre ha negado que haya machismo en Junts y atribuyen la situación a una cuestión de debate político, y ahora se plantean emprender medidas legales ante las «difamaciones y filtraciones» que ha habido a dichos casos, según avanzó Europa Press.