Urkullu ha destinado buena parte de su segunda jornada en Bruselas a mantener diversos encuentros con autoridades europeas del más alto nivel, en los que ha podido constatar que «tras años de trabajo», Euskadi es una comunidad «conocida y reconocida en Europa».
Tras presidir desde Bruselas la sesión semanal del Consejo de Gobierno, Urkullu se ha reunido a primera hora de esta tarde con la vicepresidenta de la Comisión para la Democracia y Demografía, Dubravka Suiça, a la que ha presentado un protocolo para garantizar que las Regiones con competencias legislativas y Nacionalidades constitucionales participen en la toma de decisiones de la UE, que ha sido «bien acogido» por parte de esta responsable europea, según ha informado el Gobierno vasco.
La propuesta de protocolo sobre las regiones con competencias legislativas y nacionalidades constitucionales --que consta de 16 artículos--, plantea que éstas se inscriban en un registro oficial de la UE y sus lenguas propias sean reconocidas como oficiales.
El texto articulado destaca que el objetivo es que las regiones y nacionalidades que ostentan competencias legislativas «puedan desarrollar plenamente sus poderes constitucionales en el ámbito de la Unión, enriqueciendo sus debates, fortaleciendo su legitimidad, aumentando la participación y el control democráticos, y contribuyendo con sus puntos de vista únicos al proceso de construcción europea».
En este sentido, pide que éstas sean inscritas en un registro oficial de la Unión Europea creado a tal efecto, en el que se incluya un catálogo detallado y actualizado con las materias cuya competencia legislativa (exclusiva y/o compartida) les corresponda, y en el que constará la existencia en ese territorio de alguna lengua oficial que no figure entre las oficiales reconocidas en la Unión.
Este registro, tal como se propone, debería ser aprobado por el Parlamento y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario. Estas regiones y nacionalidades constitucionales inscritas formarán parte de un comité permanente, dentro del propio Comité de las Regiones, y tendrán cada una un representante.
Los dictámenes que emitan con el Comité de las Regiones relacionados con materias que son competencia de sus territorios y que gocen con el respaldo mayoritario, tendrán carácter vinculante. También podrán formular a los órganos comunitarios acciones políticas o legislativas en el marco de sus materias competenciales.
La propuesta recoge que la mitad de la delegación del Comité de las Regiones esté formada por representantes tanto de regiones con competencias legislativas, como de nacionalidades constitucionales designados por el Comité Permanente de Regiones y Nacionalidades Constitucionales.
En lo referente a la Comisión Europea, prevé que en aquellas materias que sean de su competencia, las regiones y nacionalidades constitucionales sean consultadas en la fase de elaboración del borrador de propuesta legislativa y en las fases de escucha que se habiliten.
Además, podrán realizar propuestas y recomendaciones sobre las materias en las que tienen competencias legislativas o ejecutivas, o sobre aspectos que puedan mejorar el funcionamiento de la UE. Los parlamentos regionales, según apunta el texto, serán informados de las propuestas legislativas a la vez que los parlamentos nacionales.
En lo relativo a Europarlamento, los parlamentos de las regiones y nacionalidades constitucionales podrán aportar opiniones y recomendaciones sobre los proyectos legislativos, principalmente en el ámbito de las materias de su competencia. Además, se les incluirá en las consultas de los trabajos preparatorios de sus propuestas legislativas cuando les afecten.
Ya en el Consejo de la Unión, en aquellas materias sobre las que una región o nacionalidad constitucional tenga competencias legislativas, plantea que, cuando se produzca una votación que requiera mayoría cualificada, si esta está disconforme con el sentido del voto del representante de su gobierno nacional, lo comunicará a la Presidencia de la sesión y esta la tendrá en cuenta a efectos de la comprobación del criterio de población necesario para adoptar la medida.
Tribunal de justicia de la ue
El protocolo plantea que las regiones y nacionalidades constitucionales ostentarán una legitimación activa para acudir al Tribunal de Justicia de la UE, con carácter general, cuando entiendan que los Tratados no se aplican correctamente y, en particular, cuando consideren que no se ha aplicado apropiadamente el principio de subsidiariedad y proporcionalidad en lo referido a sus competencias.
Para activar este mecanismo, el gobierno regional deberá obtener la aprobación de su parlamento y, a continuación, informará al gobierno del Estado.
En su artículo 10, recoge que las nacionalidades constitucionales inscritas en el registro de la Comisión constituirán una circunscripción propia dentro del Estado miembro en las elecciones al Parlamento Europeo. De esta forma, indica que la circunscripción de las elecciones al Parlamento Europeo de una nacionalidad constitucional comprenderá el número de escaños correspondientes a la media de población por escaño.
Una nacionalidad constitucional será invitada a participar de forma efectiva en cuantos foros de reflexión se convoquen en relación con el futuro de Europa, como la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con dos representantes: uno del gobierno y otro del parlamento.
También participará plenamente de los trabajos de las Convenciones que se convoquen con el propósito de reformar los Tratados, mediante un representante.
Lenguas oficiales
La propuesta pretende que la inscripción en el registro de regiones y nacionalidades constitucionales elaborado por la Comisión implique el reconocimiento como lengua oficial de la Unión de las lenguas oficiales la suya propia.
De esta forma, señala que la Comisión, «atendiendo a la obligación de defender la pluralidad cultural y lingüística de la Unión, el estatus legal interno dentro del Estado miembro, la condición de lengua oficial de una nacionalidad, la población de la región o nacionalidad, el riesgo de desaparición de la lengua concernida», tras escuchar al Estado miembro y a la región o nacionalidad constitucional concernidos, elaborará, en el plazo máximo de un año, un documento con medidas para incorporar «plenamente el empleo» de esas lenguas en el funcionamiento de la UE, acompañado de un calendario de implementación.
Otros encuentros
Posteriormente, Iñigo Urkullu y el equipo de la Secretaría de Unión Europea y Acción Exterior, que dirige Marian Elorza, han mantenido un encuentro con el vicepresidente para el Pacto Verde, Maros Sefcovic, que ha servido para compartir la visión estratégica Euskadi 2040.
La ronda con responsables de la Comisión Europea ha concluido con el encuentro con la Comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, a quien Iñigo Urkullu ha querido agradecer personalmente «su implicación e indispensable apoyo a la Macrorregión Atlántica».
El Lehendakari le ha trasladado la necesidad de dar un último impulso a este proyecto y ha considerado fundamental su ayuda para lograr este objetivo de «primer nivel para Euskadi y la Comisión Arco Atlántico». «Estamos cerca de conseguirlo», ha señalado tras el encuentro.
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