El lugarteniente del Justicia constata el aumento de las quejas ciudadanas por el retraso en las pruebas diagnósticas

El informe, titulado 'Mirar a los ojos al ciudadano y pisar el territorio', recoge la actuación del Justicia durante 2023, durante el que la institución ha abierto 1.745 nuevos expedientes frente a los 1.721 del año anterior, tramitándose un total de 2.278 expedientes y dictándose 173 resoluciones, entre sugerencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales, de las que solo 16 han sido expresamente rechazadas por la Administración.

En Sanidad se han contabilizado 252 quejas, la mayoría por retrasos en la realización de pruebas diagnósticas y por el trato dispensado en los servicios de atención al paciente en cuanto al derecho a la información.

En Servicios Sociales han sido 166 las quejas, la mayoría por los criterios económicos aplicados al ingreso mínimo vital (IMV/IAI), la tramitación de los bonos eléctricos y términos, así como los retrasos en la valoración de los grados de discapacidad, también respecto del acceso de mayores a las residencias. Ha sido intenso el trabajo del Observatorio Aragonés de la Soledad.

Las quejas hacia la Administración educativa se elevan a 162, la mayoría respecto del transporte escolar y la reagrupación familiar en los centros, a lo que se suman asuntos de relevancia mediática como el cierre de la escuela de Caneto (Huesca), recientemente reabierta, y el Colegio 'María Zambrano'.

Los servicios públicos y transportes suman 158 quejas, 152 de la primera área, en gran número relacionadas con los servicios de telefonía en el medio rural, también por las rutas urbanas e interurbanas, y las relativas a la función pública son 133, en especial por los procesos de estabilización de interinos y los procesos de acceso al empleo público.

En coordinador con el Defensor del Pueblo se han tramitado 131 quejas relativas a la Seguridad Social, muchas por problemas con la cita previa y la brecha digital, también por la dificultad para tramitar las pensiones no contributivas.

En cuanto a Interior, son 113 las quejas, algunas procedentes de las sanciones durante la pandemia, también en relación a la regulación de las peñas recreativas y el bienestar animal. La Administración de Justicia acumula 102 quejas, entre otras por la dificultad para conseguir cita en los Registros Civiles por asuntos de nacionalidad y por los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Los impuestos, en especial por los embargos que conllevan en algunos casos, han motivado la mayor parte de las quejas ante Hacienda, con un total de 102.

Otras áreas

Los ciudadanos aragoneses también se han dirigido al Justicia para quejarse por la insuficiencia de un parque público de vivienda en alquiler, sobre todo en el ámbito rural, también por la conservación del patrimonio cultural, y las dificultades para acreditar situaciones de vulnerabilidad en violencia de género y trata.

En el ámbito de los derechos políticos continúan los problemas en relación a facilitar el trabajo de oposición de los concejales en los distintos ayuntamientos y se han contabilizado varios expedientes vinculados a la Ley de Memoria Democrática. También hay quejas por el estado de las carreteras y sobre los puntos de encuentro familiar.

Tutela del ordenamiento jurídico

Asimismo, el informe recoge las sentencias dictadas en los recursos de casación foral y las quejas presentadas respecto al derecho foral aragonés, también las sentencias del Tribunal Constitucional que pueden afectar a Aragón, todo ello en aplicación de la función de tutela del ordenamiento jurídico aragonés. Hay apartados específicos para asuntos relacionados con menores, igualdad y derechos históricos.

Javier Hernández ha comentado que también se ha presentado la liquidación del presupuesto de la institución en 2023, del que se ha ejecutado el 88,03 por ciento, de forma que de los 2.088.406 euros presupuestados se han gastado 1.924.708 euros.

Despedida

Javier Hernández se ha despedido ante los medios de comunicación, ya que con la elección de Gimeno como nueva Justicia concluye su mandato de lugarteniente, en el que ha desempeñado las funciones del titular de la institución, Ángel Dolado, al encontrarse este enfermo.

Ha comentado que las relaciones personales han sido «buenísimas» con los tres presidentes del Parlamento que han coincidido con su gestión, Violeta Barba, Javier Sada y, actualmente, Marta Fernández, pero no así con «la cámara».

El lugarteniente ha comentado que el informe anual lleva dos años sin presentarse a Pleno y los especiales llevan tres sin presentarse en Comisión.

Por otra parte, ha indicado que «nunca habíamos estado sin Justicia en la persona del titular y no ha sido fácil en muchos momentos acometer nuestras funciones», añadiendo que «hemos intentado que la sociedad no se haya visto afectada en ningún momento». Ha recalcado que «el lugarteniente es imprescindible, sino el Justiciazgo hubiera tenido que cerrar».

Hernández ha destacado que sus premisas han sido visitar el territorio y «mirar a los ojos» a los ciudadanos porque «el ciudadano quiere hablar con alguien y que le solucionen sus problemas». Ha comentado que uno de sus viajes ha sido para visitar Nogueras (Teruel), donde el alcalde se ha quejado de un ciudadano.

Emocionado, Javier Hernández ha dicho que «han sido seis años intensos, no fáciles» y se marcha «con la satisfacción del deber cumplido», confiando en que Concepción Gimeno «es una magnífica profesional que lo va a hacer bien».

«El Justiciazgo se merece que lo apoyemos todos», ha proclamado Hernández, quien ha opinado que «se había convertido en una oficina de tramitación de expedientes y pretendimos, Dolado y yo como continuador, volver a llevar el Justiciazgo a quien más lo necesitaba».

Ha dejado claro que la institución es «un órgano supervisor de la Administración, no de los Gobiernos, y la Administración nunca está en funciones».