El grueso de la norma ha sido aprobada con el apoyo de los grupos en el Gobierno, PNV y PSE, y EH Bildu, mientras que Elkarrekin Podemos-IU, PP, Vox y Cs han votado en contra de esta ley que consta de seis secciones y 48 artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria y otras siete finales.
En el pleno, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha destacado que la norma «recoge el reto de aprovechar las oportunidades del proceso de transición para impulsar la competitividad a través de la transformación de la industria vasca basada en un desarrollo tecnológico e industrial y en la descarbonización».
Según ha detallado, el objetivo de esta ley es «alcanzar la neutralidad climática, la resiliencia y una transición justa para el año 2050» y se compromete a «realizar los esfuerzos necesarios» para adelantar ese objetivo al 2045.
En concreto, se plantea lograr la reducción de emisiones del 45% en el año 2030; el ahorro en el consumo final de energía, que deberá ser al menos de un 12% en el año 2030 y de un 37 en el año 2050; y la participación de las energías renovables en el consumo final, que deberá ser de un 32% para el año 2030.
También ha señalado que se trata de una ley transversal que afecta a todas las instituciones. Por ello, las diputaciones y los municipios de más de 5.000 habitantes deberán aprobar en el marco de sus competencias planes de energía y clima. Asimismo, establece en la ley que los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Euskadi destinen el 2,5% de sus presupuestos a la adopción de medidas de acción climática.
Canon anual
Tapia ha destacado que la ley contempla el pago de un canon anual a instalaciones de energías renovables como parques eólicos y solares fotovoltaicos, que revertirá en los municipios afectados, de manera que la implantación en suelo no urbanizable será agravado a partir del 1 de enero de 2025 con un canon de energías renovables destinado a financiar el desarrollo de actuaciones de compensación y reequilibrio territorial, «para poder paliar de alguna manera los efectos que en el ámbito donde se instalan este tipo de placas solares o generadores eólicos pueda causar».
Establece también obligaciones desde el punto de vista de desinversión en combustibles fósiles antes del año 2030 en cualquier tipo de sociedad, empresa, iniciativa o proyecto orientado a explorar, refinar o procesar combustibles fósiles, e incluye actividades de generación de electricidad, «siempre que quemen combustibles fósiles».
Los órganos de contratación de las administraciones públicas vascas deberán incluir de forma obligatoria, en sus pliegos de contratos, disponer de la huella de carbono de productos, servicios y suministros cuya contratación se esté licitando. La ley obliga además a las instalaciones industriales a calcular su propia huella de carbono y a elaborar un plan para minimizarlo y llevarlo, a ser posible, a cero.
Respecto a la actividad agrícola, favorecerá medidas de fomento para coadyuvar que en 2030 se consiga un 25% de las tierras agrícolas manejadas con agricultura ecológica. Se fomentará también la ganadería ecológica y los mercados de proximidad; y se establece específicamente un criterio para el uso racional del suelo.
La consejera ha reconocido que la ley no va a recibir un apoyo unánime, pero ha calificado de «significativo» que el proyecto de ley presentado por el Gobierno no haya sido objeto de ninguna enmienda a la totalidad. Tapia ha destacado que la ley que se aprueba este jueves «es mejor que el proyecto inicial gracias al trabajo entre los tres grupos» y ha subrayado que va a recibir el apoyo del 82% del parlamento.
El debate
El parlamentario del PNV Unai Grajales ha afirmado que la nueva ley «no es un final, sino un comienzo», y ha puesto en valor que en su tramitación han sido capaces de «identificar las barreras y poner negro sobre blanco para hacer frente a las barreras culturales, administrativas, regulatorias, de financiación y de gobernanza, que son los obstáculos a los que se enfrenta este texto legal».
«En Euskadi tenemos nuestra hoja de ruta para, a partir de hoy, avanzar decididamente en la sostenibilidad pero sin dejar a nadie atrás; la transición debe ser justa o no será», ha defendido antes de subrayar que se ha conseguido una ley «de consenso».
Desde EH Bildu, Mikel Otero ha destacado que durante la tramitación parlamentaria los tres partidos se han volcado teniendo en cuenta la ponencia de descarbonización y ha subrayado que su grupo «apoya la ley, reconociendo que no todas las demandas han quedado satisfechas, sabiendo que la transición ecosocial necesita de mucho más, y con el compromiso de que las críticas que puedan llegar por las insuficiencias de la ley se puedan corregir en el desarrollo reglamentario y en próximas leyes, pero con la tranquilidad de haber hecho un trabajo honesto».
«El próximo gobierno, lo dirija quien lo dirija, tendrá esta ley que marca una dirección a favor de la socialización de energía, de energías renovables, de dejar a un lado las combustibles fósiles, pero es un largo recorrido a hacer frente a la crisis ecológica», ha resaltado.
Por parte del PSE-EE, Alberto Alonso ha afirmado esta ley «se sustenta sobre la base fundamental de la justicia climática», ya que «décadas de consumo indiscriminado de combustibles fósiles han creado una sociedad y una economía desigual». «Hoy presentamos a la ciudadanía vasca una herramienta integral que marca objetivos y fija la hoja de ruta a nuestras instituciones en la lucha contra el cambio climático», ha asegurado.
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto cree que una ley aprobada en 2024 «ya debería de superar el marco de otras normas de referencia estatal» y «ejercer una labor de vanguardia en lo que respecta a otras normas». En este sentido, ha señalado que su grupo propuso fijar «objetivos más específicos en materias concretas, plazos concretos en la electrificación, entre otros, pero »no se han tenido en cuenta".
«No compartimos el texto, no compartimos que no se hayan considerado ninguna de nuestras enmiendas, salvo una de carácter técnico, y por tanto votaremos en contra», ha explicado.
Desde el PP, Muriel Larrea ha criticado que esta ley «no se va a poder cumplir» y ha advertido que si se obliga a hacerlo, «abocarán a la sociedad a una crisis de competitividad en el mercado internacional que pagarán los vascos». Además, ha afirmado que su grupo tuvo la mano tendida para acordar, pero PNV y PSE «eligieron compañeros de viaje a quienes siempre les llevan al extremo».
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha rechazado esta ley que «profundizará en los problemas que afectan, por ejemplo, al sector primario». «Nuestros agricultores necesitan una política realista que garantice la supervivencia de sus explotaciones y no iniciativas basadas en un postureo verde», ha subrayado.
En el turno de explicación de voto, el parlamentario de Cs Jose Manuel Gil ha rechazado esta ley afirmando que se trata de una «ocasión perdida» porque el «Gobierno ha decidido pactar con Bildu su estrategia de transición energética, y de esta manera, la visión estrecha, localista, liberal y sectaria de la formación abertzale, ha convertido una ley necesaria en una mala ley».
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