El pleno del Consell ha autorizado este martes a la Abogacía General de la Generalitat a ejercer la acción popular en el último caso de violencia machista sucedido en l'Alfàs del Pi (Alicante), donde fue asesinada Rocío de la Palma por su pareja.
El objetivo de la actuación institucional de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en caso de asesinatos machistas es aunar esfuerzos y visibilizar de forma conjunta el rechazo a los actos de violencia de género, cuando se produzca la muerte de una mujer o de sus hijos en la Comunitat Valenciana a causa de esta lacra.
La Ley 9/2003, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que la conselleria con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell el ejercicio de la acción popular, a través de la Abogacía de la Generalitat o de abogados colegiados, en casos de violencia machista en la Comunitat Valenciana.
En esta línea, la Ley 7/2012, contra la Violencia sobre la Mujer, contempla que la Generalitat ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales que se sigan por delitos de violencia de género con resultado de muerte, así como en los casos en los que se genere alarma social o se causen lesiones graves e invalidantes.
En su caso, la Generalitat solicitará siempre la privación de la patria potestad del presunto agresor. Además, la Ley 10/2005, de Asistencia Jurídica de la Generalitat, dispone que corresponde a los abogados de la Generalitat la representación y defensa en juicio.
Efectivos de la Guardia Civil detuvieron la semana pasada en un club de alterne de Cox (Alicante) al hombre acusado de matar a su pareja sentimental en l'Alfàs del Pi. El instituto armado localizó el pasado martes el cuerpo de la víctima, una mujer de nacionalidad española, al igual que el hombre.
Al parecer, los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo. La mujer, que estaba separada y tenía dos hijos, vivía en la localidad con su pareja, el presunto agresor.
La víctima denunció el sábado anterior dos agresiones físicas sufridas en las últimas semanas por parte de su actual pareja, un hombre de 53 años, con el que mantenía una relación sentimental sin hijos en común.
Sin embargo, tras presentar la denuncia y cuando se le hizo el ofrecimiento de acciones, la mujer aseguró que no quería continuar con el procedimiento y declinó la orden de protección.
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