Miguel Ángel Flores, principal condenado por la tragedia en el Madrid Arena, habría usado un testaferro para transferir dinero de las cuentas del gimnasio del que era propietario junto a varios socios minoritarios que ahora le acusan de un delito de estafa continuada, según el testimonio en el juicio de un policía de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF).
La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde ayer a Flores y al exadministrador de Canacur por delitos de estafa y apropiación indebida en relación a la gestión del Castellana Sports Club ubicado en la estación de Chamartín. La vista oral concluirá mañana con los informes finales y la última palabra de los acusados.
Ayer, el empresario aseveró que «jamás» se apropió del dinero y que nunca falseó la contabilidad en su propio beneficio. Según la querella, habría realizado disposiciones de la cuenta de Canacur para finalidades ajenas a los intereses de la sociedad.
Uno de los querellantes reveló ayer que se percataron de las supuestas anomalías contables a raíz de la pieza separada del caso Madrid Arena sobre la situación patrimonial de Flores. Los accionistas denunciaron en 2014 las presuntas anomalías contables.
Tras las pesquisas, la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid acordó no acusar al considerar que no está acreditada su autoría en los delitos que les imputa la acusación particular. Los querellantes les solicitan el pago de unos 600.000 euros.
En la sesión, ha testificado un policía de la UDEF que investigó los movimientos bancarias de Flores por orden del juez de Instrucción número 51 de Madrid en el marco de una pieza separada del Madrid Arena.
El agente ha detallado que se detectaron transferencias irregulares por medio de cuentas instrumentales, indicando que el empresario operaba presuntamente a través de un testaferro o un llamado 'hombre de paja' y cuyo nombre ha citado. Esta figura se usa para ocultar a la persona que está detrás del manejo de fondos.
A preguntas de la defensa acerca de por qué saben que era un testaferro, ha respondido que «por los indicios de la información que aportaban las cuentas había personas que tenían poderes y que estaban autorizadas en las cuentas». «Nosotros pudimos comprobarlo», ha indicado añadiendo que se trataba de descapitalizar DivierTT a raíz de la tragedia.
DivierTT fue la empresa a través de la que el empresario alquiló el espacio para la organización de la fiesta de Halloween en la que fallecieron cinco jóvenes y por la que fue condenado a cuatro años de cárcel, pena ya extinguida. A esta sociedad se la condenó como responsable civil subsidiaria junto a otras como Seguriber o Kontrol 34 al pago de una indemnización.
Fuentes jurídicas han detallado que en el caso de Canacur, sociedad que gestiona el citado centro deportivo de la estación de Chamartín, se transfería dinero de las cuentas para realizar posteriormente ampliaciones de capital.
En la querella, los accionistas imputan a los acusados haberse supuestamente apoderado de diversas cantidades de la entidad en beneficio ilícito propio ajeno a los fines de Canacur, aprovechando su condición de gestionar el centro deportivo.
Dos transferencias a diviertt
En la sesión de este martes, ha declarado el abogado de Flores en el caso Madrid Arena, el letrado José Luis Fuertes, quien actualmente es administrador de Canacur y de FSM Group. A preguntas de la acusación particular, ha dicho que entonces desconocía el problema que hubo con las cuentas anuales y que desde 2017, Flores no tiene ninguna relación con el gimnasio.
Asimismo, otro de los accionistas ha corroborado el testimonio de otros socios y ha señalado que conocieron que hubo al menos dos transferencias de 100.000 euros a DivierTT.
Según su testimonio, una auditoría de carácter interno destapó que hubo cuatro retiradas en efectivo excesivas a los pagos de las actividades que se realizaban.
La defensa de Flores ha preguntado al testigo si conocía que DivierTT era socia de Canacur, la sociedad que gestiona el referido gimnasio de Chamartín, y que esta sociedad había aportado ya dinero en periodos anteriores. «¿Ese dinero iba a parar a las obras?», le ha inquirido de forma insistente, extremo que éste desconocía.
También ha comparecido una de las auditoras que realizó un informe interno sobre las cuentas de tesorería en 2012 para los socios minoritarios, pese habérselo encargado el administrador de la empresa.
Así, ha relatado los problemas que tuvo con los accionistas mayoritarios al no pagarle los honorarios y al no proporcionarle la documentación para poder desarrollar su trabajo. «Era un trabajo colaborativo pero si ellos no ayudaban o firmaban, era imposible», ha subrayado.
Ambiente hostil
Durante su interrogatorio, el empresario detalló el mal momento económico que atravesó la sociedad en 2012 al ser la deuda mayor que el capital y sus intentos de evitar su disolución con ampliación de capital y pagos a cuenta de las obras que se realizaban para adaptar el centro a los requisitos que fijó el Ayuntamiento de Madrid para conseguir una licencia.
Explicó que contrató a un notario ante el ambiente hostil que se iba generando en las juntas de accionistas con el fin de evitar problemas en el futuro y otorgar mayor transparencia.
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