Audiencia Provincial desestima el recurso por la muerte de dos residentes en Parla durante la primera ola de la pandemia

En el auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Europa Press, se desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 25 de septiembre de 2023 del Juzgado de Instrucción número 1 de Parla que archivó las denuncias por las muertes de estas dos personas en la Residencia de Mayores de este municipio, de titularidad pública, así como en el centro de la empresa Vitalia en la misma localidad. Tal como consta en el fallo, contra este decisión no cabe recurso.

En su argumentación, la Audiencia Provincial subraya que la investigación practicada en la fase de instrucción «ha sido especialmente exhaustiva» con informes médicos y la testifical de los facultativos que atendieron a los fallecidos, de los cuales «se deduce que la atención desplegada fue la adecuada en cada caso en los términos que específicamente se relatan en al auto recurrido».

«En todo momento los posteriormente fallecidos estuvieron atendidos con los conocimientos que en ese momento se tenían ante una enfermedad nueva que produjo un colapso sanitario, adoptándose las medidas que en cada momento se consideraban adecuadas e incluso con consejo y administración de medicación facilitada por los centros hospitalarios», añade el fallo, que incide en que «no consta que una derivación hacía los mismos hubiera dado lugar a un resultado distinto», pues como se ha señalado, «los hospitales se encontraban colapsados y posiblemente su atención era más adecuada en los servicios médicos de las residencias en las que se encontraban».

El auto de la Audiencia también señala que «no se ha acreditado ni se va a poder acreditar a través de toda la prueba solicitada» que haya existido «una desatención y un nexo causal de la misma con el resultado final», por lo que considera que «procede mantener el archivo acordado».

Un panorama para el que los profesionales "probablemente no estaban preparados"

En su exposición, la Audiencia también incide en que la situación generada en las residencias de mayores con el estallido de la pandemia de Covid-19 «fue penosa», con un «coste indescriptible en término de vidas humanas y sufrimiento de internos y familiares», y también «con angustia e incertidumbre para los profesionales que trabajan en esos centros», los cuales «se enfrentaron a un panorama nunca antes visto y para el que probablemente no estaban preparados».

«Donde se ha detectado una posible negligencia punible, y no negamos que casos habrá, se siguen los procedimientos penales correspondientes. Pero no se puede extender un manto de sospecha sobre todos los supuestos en que se produjo un fatal desenlace», remata el auto.

Al contrario que en este caso, la Audiencia Provincial de Madrid sí obligó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir el pasado año una causa contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia de Covid-19.

Previamente, el pasado 23 de marzo de 2023, el exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero y el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur fueron citados en calidad de testigos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por otras tres querellas relacionadas con la muerte de tres ancianas en residencias.

Sin embargo, también con anterioridad la Audiencia Provincial había determinado, en relación con la muerte de otros dos residentes en otra residencia de la Comunidad, que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales de residentes de centros de mayores durante el inicio de la pandemia frente a los protocolos de actuación vigentes en la época más dura del Covid-19.