Todos los grupos salvo PP aprueban la reforma de la 'ley trans' vasca, que ofrece atención "integral" a este colectivo

El debate y aprobación de la norma, que ha sido seguido desde la tribuna de invitados del Parlamento por varios colectivos y asociaciones que trabajan en este ámbito, ha coincidido con el sexto aniversario del suicidio de Ekai Lersundi, un joven transexual de Ondarroa (Bizkaia) que se quitó la vida a los 16 años cuando permanecía a la espera de un tratamiento hormonal.

Esta reforma, impulsada inicialmente por el PNV y el PSE-EE a través de una proposición de ley, implica una modificación de la 'Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales'.

El objetivo de la modificación legal es «garantizar el derecho de las personas trans e intersexuales a recibir de las administraciones públicas vascas una atención integral y adecuada a sus necesidades educativas, sanitarias, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía».

"justicia e igualdad de trato"

Además, la norma se fija como meta «proteger el ejercicio de la libertad» de estas personas «en los diferentes ámbitos de la vida social y, en particular, en los distintos servicios públicos». A su vez, la ley pretende «contribuir a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de estas personas, y establecer medidas concretas para conseguir una sociedad más justa, libre y basada en la igualdad de trato y de oportunidades de las personas trans e intersexuales».

De esa forma, el texto establece que las administraciones públicas vascas «obrarán teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad sexual o de género, la que se corresponde con su sexo o género sentido». En el caso de las personas transexuales menores de edad, se establece su «derecho a ser escuchadas», y se subraya que las administraciones les garantizarán «la protección y la atención necesarias para promover el libre desarrollo de su personalidad y su desarrollo integral».

En este sentido, se indica que «toda intervención de las administraciones públicas vascas deberá estar presidida por el criterio rector de atención al interés superior del menor y evitar situaciones de sufrimiento e indefensión».