La sentencia, consultada por Europa Press, ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Almería que les condenó como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros agravado, ya que pusieron «en peligro la integridad física» de los migrantes a bordo.
La embarcación semirrígida, de unos seis metros de eslora y 1,5 metros de manga, partió de una playa de Orán (Argelía) en la tarde del 3 de enero de 2022, y fue interceptada por una patrullera del Servicio Marítimo a unas 35 millas náuticas al sureste de Cabo de Gata en la noche del día siguiente.
La sala considera acreditado que los dos acusados actuaron de común acuerdo, y que uno de ellos se ocupó de la conducción de la embarcación mientras que el otro era el encargado de utilizar un dispositivo GPS para guiarse, así como de reponer el combustible.
Sostiene, además, que el primero recibió dinero de algunos migrantes por indicación de la persona que desde las costas argelinas organizó la expedición.
El tribunal remarca que la patera era de pequeñas dimensiones y «totalmente inadecuada» para el número de personas que la ocupaban, un total de 18 incluyendo a los dos pateristas, así como para una travesía de ese tipo.
Añade que carecía «de las mínimas condiciones de seguridad» para prevenir cualquier contingencia que se pudiera presentar, ya que «tan sólo había chalecos salvavidas para los menores».
La sentencia apunta, asimismo, el «especial peligro» del sistema de alimentación del motor mediante bidones de combustible, «lo que conllevaba un gran riesgo de incendio o deflagración, además de suponer un incremento del peso de la embarcación, afectando a su estabilidad».
Precisa que «gran parte de la navegación» se realizó en horas nocturnas en «muy adversas las condiciones meteorológicas» y subraya que, en un momento dado, debido al fuerte oleaje y a las características de la embarcación, «llegó a entrar agua en la misma», lo que unido «al deficiente estado» del motor, provocó que quedara a la deriva y «con agua dentro a una gran distancia de la costa» y sin «comida ni bebida».
«La falta de seguridad en la navegación se vio agravada por las características concretas del tráfico en la zona por la que discurrió la embarcación durante el viaje, al ser utilizado por hasta 153 buques, por lo que la vida e integridad física de los viajeros que los acusados pretendían desembarcar en nuestro país se pusieron en concreto peligro», concluye.
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