«Hemos hecho ejercicio del derecho de petición directamente a la Comunidad de Madrid para que incluya a Alcorcón en su plan normativo para 2024 y realice esta declaración. Y, en el caso de que no lo haga, que todo apunta a ello, iremos a una iniciativa legislativa municipal dentro de la Asamblea de Madrid», ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press.
El Gobierno regional tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la Ley estatal de Vivienda y ha rechazado todas las peticiones realizadas de municipios de la región hasta el momento para ser declaradas zonas tensionadas al considerar que «se interviene en el mercado y conllevaría una subida mayor de los precios».
La regidora se ha referido al hecho de que la buena localización que tiene Alcorcón, «en el área metropolitana muy pegada al Madrid», así como las buenas conexiones y la «alta calidad de vida» contribuye a su vez a que ésta «sea la cuarta ciudad de toda región con los precios de alquiler más altos».
Por eso, ha recalcado que el hecho de que la localidad consiga esa declaración permitiría proteger a los inquilinos, favorecer e incentivar fiscalmente a los pequeños propietarios y controlar a los grandes tenedores.
La cuestión, según ha dicho Testa, es que se trata de una materia en la que están «muy divididas las competencias». «Es decir, la legislación básica y muchas veces los fondos vienen del Estado, la Comunidad de Madrid tiene la competencia plena en materia de vivienda y nosotros, evidentemente, tenemos el territorio como ayuntamiento», ha precisado.
Incide en que se ha de trabajar conjuntamente y «desde la lealtad» entre las tres administraciones, estatal, regional y local. «Hay un problema institucional, un problema social y tenemos que convertir ese bien de mercado, que es la vivienda, en un bien social y atender las necesidades de la ciudadanía», ha insistido.
La primera edil ha dicho estar en buena sintonía con el Gobierno de España, con quienes llevan trabajando «desde que se pusieron en funcionamiento los ministerios, de una manera muy ágil», tanto con el propio Ministerio de Vivienda como la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).
Respecto a la Comunidad de Madrid, la semana pasada se reunió con el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, para tratar tanto este tema, como otros relacionados con su cartera.
«Hay diferencias de concepto, pero aún así vamos a seguir insistiendo en que la Comunidad de Madrid nos acompañe. Necesitamos que reconduzca su postura porque no podemos seguir así, no puede ser que nos suponga tantísimo el adquirir una vivienda o acceder a un alquiler», ha afirmado la regidora.
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