Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Vejer (Cádiz) | AYTO VEJER - Archivo

TW
0

El alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz), Antonio González (PSOE), ha manifestado este viernes que la vía del derribo de viviendas ilegales en la pedanía costera de El Palmar «no es la solución» al problema urbanístico existente en la zona y ha pedido a la Junta de Andalucía «medios y herramientas» para poner en marcha un proceso de regularización y planificación del entorno.

En declaraciones a Europa Press, González ha defendido que desde su Gobierno local también están poniendo en marcha medidas de control y denunciando a las viviendas irregulares, además de precintar «dentro de nuestras competencias» las construcción de viviendas irregulares en El Palmar.

«Como alcalde lo que pido es que se equilibren las fuerzas, que no solo haya derribos, que no es solo la única vía, que la vía para que el Palmar avance es la regulación y la planificación», ha dicho el alcalde de Vejer, quien ha lamentado que la Junta los haya acusado de «obstaculizar» estos derribos, previstos para la semana que viene, tras la convocatoria de una manifestación en contra de esta medida.

A ese respecto, ha anunciado que la manifestación ha sido aplazada debido a la alerta amarilla de la Agencia Estatal de Meteorología prevista para este fin de semana y para «no poner en peligro» a los vecinos que acudieran a esta convocatoria, asegurando que buscarán una nueva fecha para concentrarse de forma pacífica.

Como Ayuntamiento, ha asegurado el alcalde, no están haciendo «ninguna labor de obstaculización en absoluto» y que en el pleno de este lunes plantearán medidas en la línea de «más control y más denuncias» a este tipo de edificaciones, además de «pedir auxilio» a la administración autonómica para contar con «más herramientas» para abordar estas situaciones.

En ese sentido, ha apuntado a trabajar «de la mano» con la Junta en el establecimiento de medidas de concienciación y la imposición de «multas coercitivas», además de desarrollar planes especiales que permitan a los vecinos afectados acogerse «a alguna otra vía» y «que paguen», entendiendo que de esta manera «si el vecino ve que la administración autonómica y local van de la mano y se empiezan a hacer medidas y a poner en marcha mecanismos para la regulación, el vecino va a optar por la vía de la regularidad y no por la vía de la alegalidad».

Además, ha puesto el foco en que la proliferación de viviendas irregulares en el litoral no es un problema exclusivo de la provincia de Cádiz, sino que se extiende por Andalucía aunque con El Palmar, ha apuntillado, «se están cebando», al haber más de un centenar de expedientes abiertos.

No obstante, ha dejado claro que desde su Gobierno «nunca vamos a alentar la vivienda irregular». «No lo va a hacer pero tristemente estamos siendo punta de lanza de un problema que no solo hay en Vejer o en El Palmar, que tenemos tristemente irradiado en todo el territorio andaluz, con miles de viviendas irregulares», ha añadido.

El alcalde ha defendido también que algunas de las viviendas sobre las que se ha puesto el foco son primeras residencias de vecinos que llevan «años» en El Palmar y no son sólo «segundas residencias destinadas a alquileres vacacionales clandestinos», por lo que ha pedido «mirar con lupa» cada caso.

Por último, ha denunciado la «actitud beligerante» de la Junta de Andalucía contra su persona, considerando «desproporcionado» el anuncio de llevar al Ministerio Fiscal «lo que está haciendo el alcalde de Vejer para que lo estudie y determine si se está incurriendo en un delito o no».

Cabe recordar que la Junta de Andalucía defendía esta semana el derribo de viviendas ilegales en El Palmar tras anunciarse la manifestación en contra, indicando que «abrir la mano» a la construcción de estas edificaciones «supondría ir contra la ley vigente y mirar para otro lado como hicieron los anteriores gobiernos socialistas», lo que provocó, «entre otras circunstancias, la proliferación de miles de viviendas irregulares que ahora se encuentran en un limbo jurídico» y que la convocatoria de esta manifestación suponía «obstaculizar» la labor que la Junta desarrolla «para preservar El Palmar y un llamamiento a la construcción de viviendas ilegales sobre suelo rústico».