Comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | Europa Press

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El concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, ha apostado por desarrollar la Ley de Vivienda en el municipio de Vitoria-Gasteiz y ha asegurado que el recurso presentado por el Gobierno Vasco contra la norma «no cuenta con el aval del PSE», al considerar que la ley estatal «es garantista y no invade competencias» del País Vasco.

El edil socialista ha manifestado que «cada administración defiende sus intereses como estima oportuno», durante su comparecencia en la comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda, a petición de EH Bildu sobre la posición del Gobierno municipal acerca de la presentación de recurso de inconstitucionalidad a la Ley estatal de Vivienda, por parte del Ejecutivo autonómico.

El concejal de Urbanismo ha recordado que su formación política «no comparte ni el informe ni los pasos dados» por el Gobierno Vasco y ha explicado que el PSE «votó en contra» de presentar el recurso en el Consejo de Gobierno vasco.

Por otra parte, ha expuesto «la postura clara» que mantiene el Gobierno municipal al respecto y que, según ha dicho, se fija en la moción aprobada en el pleno municipal del pasado mes de enero, por la que, «antes de finalizar este año», el Ayuntamiento instará al Gobierno Vasco a declarar como zona tensionada a Vitoria-Gasteiz.

En este sentido, ha comentado que, según la actualización de febrero del Observatorio de la Vivienda del Gobierno Vasco, «de los seis distritos de Vitoria, cuatro cumplen todos los requisitos para ser declarados como zona tensionada, un distrito cumple un requisito y la zona rural no cumpliría ninguno».

El Ayuntamiento está elaborando un estudio como «paso previo a pedir la declaración de zona tensionada a lo largo del 2024». «El objetivo es seguir impulsando la vivienda con precio asequible para el conjunto de la ciudadanía», ha comentado para destacar que la Ley de Vivienda es una herramienta para «dejar atrás las burbujas inmobiliarias, impulsar la vivienda en alquiler, declarar zonas tensionadas y regular los precios».

"doble juego"

El concejal de EH Bildu Unai Fernández de Betoño ha explicado que el Gobierno Vasco ha recurrido una serie de artículos de la Ley, entre otros el artículo 18,con «el objetivo de que no se regule el precio de los alquileres» y ha recriminado «el doble juego que realizan PNV y PSE», en el Ayuntamiento de la capital alavesa y en el Parlamento Vasco.

«El recurso lo ha puesto el Gobierno Vasco y el PSE es parte del Ejecutivo Autonómico. No puede seguir mirando para otro lado, es un doble juego inaceptable», le ha censurado al concejal de Urbanismo, para pedirle que cumpla la moción del pleno de Vitoria-Gasteiz y realice la petición formal al Gobierno Vasco, para delimitar las áreas tensionadas del municipio.

La portavoz del PP, Ainhoa Domaica, ha criticado las políticas llevadas a cabo por PNV y PSOE en materia de vivienda que han derivado a «reducir la oferta de vivienda en alquiler en Vitoria-Gasteiz» y producir «una lista de espera con 10.800 solicitantes» de vivienda en la ciudad. «Ni crean vivienda y penalizan a quienes tienen y pueden ponerla en alquiler. Han aprobado una ley que da más derechos a los okupas que a los propietarios legítimos», ha zanjado.

Por su parte, el concejal de Elkarrekin Vitoria Óscar Fernández ha censurado el papel del PSE, del que «casi nadie se fía». «Ustedes firman una cosa y luego la incumplen al mes y medio. La firman en el Gobierno de España y luego en el Gobierno Vasco son más tímidos. No defienden el acceso a la vivienda», ha censurado, para recordar «el incumplimiento, por dos veces, del acuerdo para aplicar el canon de vivienda vacía en Vitoria-Gasteiz».

Competencias

Por último, el concejal de Mantenimiento, César Fernández de Landa (PNV), ha defendido el recurso presentado por el Gobierno Vasco, ya que «existe un informe jurídico que dice que hay invasión de competencias», por lo que el recurso se presenta «en defensa de nuestro autogobierno» y ha reseñado que «hay cuatro Gobiernos autonómicos» que han recurrido la ley.