El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y los representantes del comité de empresa de los trabajadores subrogados de Torrevieja (Alicante) han suscrito un acuerdo de condiciones del personal laboral a extinguir, con el objetivo de «resolver y mejorar» su situación dos años y medio después de que el departamento fuera revertido a gestión pública por el anterior gobierno del Botànic.
Este pacto regirá las condiciones de trabajo de este colectivo de profesionales hasta el próximo 31 de diciembre o hasta la firma del nuevo convenio colectivo.
Contempla beneficios laborales como una reducción en la jornada máxima anual efectiva o mejoras en las retribuciones por la realización de jornada complementaria de guardia. Además, incorpora el compromiso de continuar con las negociaciones para suscribir el nuevo convenio colectivo.
Gómez se muestra satisfecho con el acuerdo alcanzado para mejorar las condiciones laborales de unos profesionales que pasaron a depender directamente de Conselleria en octubre de 2021, tras la finalización del contrato de concesión del departamento con Ribera Salud.
«El objetivo de Sanidad es equiparar los regímenes jurídicos de los trabajadores de la sanidad pública para evitar que haya profesionales de primera y de segunda», reitera en un comunicado.
El botànic pactó un "mero gesto"
Según explica el conseller, «en mayo de 2023, los anteriores responsables de la Conselleria y los representantes de los trabajadores pactaron un conjunto de medidas de aplicación entre 2023 y 2028». «Sin embargo --apunta--, aquel acuerdo quedó en un mero gesto, ya que no se ejecutó su posterior tramitación formal y carecía del informe preceptivo de la Conselleria competente en materia de Hacienda».
«Pese a ello, hemos considerado oportuno formalizar un acuerdo cumplimentando esta vez todos los requisitos formales para su validez, y sin perjuicio de su integración formal en el contenido del futuro convenio», argumenta.
Con el objetivo de que «todos los trabajadores de la sanidad valenciana cuenten con los mismos derechos y condiciones laborales», el conseller garantiza que «se trabajará en un marco normativo que permita poner orden y unificar criterios para equiparar los regímenes jurídicos en los departamentos de salud».
«Somos una comunidad autónoma en la que el sistema sanitario está integrado por personal funcionario, estatutario y laboral, y en el caso de Torrevieja, además hay personal laboral a extinguir --expone--. Por ello, nuestro compromiso es crear el marco normativo específico que garantice las mismas condiciones a todos los trabajadores».
Además, Gómez asegura que al llegar a la Conselleria se encontraron con unos acuerdos, que se realizaron durante la pasada legislatura, «sin disponibilidad presupuestaria». De hecho, existe un informe de la Abogacía de la Generalitat que los declara nulos de pleno derecho", subraya.
«Debemos establecer el marco normativo adecuado y una dotación presupuestaria real que garantice tanto los derechos laborales de los trabajadores como la calidad asistencial que merecen los pacientes --insiste--. Nuestro objetivo es que lo que acordemos se cumpla, y que cada paso que demos sea firme para no generar falsas expectativas laborales y económicas a los trabajadores».
"problemas enormes"
Previamente, en una interpelación en el pleno de Les Corts de este jueves, Gómez ha explicado que, desde su llegada al Consell tras las elecciones del 28M, se han encontrado «problemas enormes» en los departamentos revertidos a gestión pública en materia de personal. Además, se ha comprometido a «internalizar» todos los contratos de emergencia en estos departamentos.
«Cuando se produjo la reversión de Torrevieja, la empresa (Ribera Salud) se quedó el 50% de los concursos de emergencia que se generaron; en Dénia no ha llegado al 25%», ha señalado en alusión a la reversión de Dénia que se inició el pasado febrero.
En general, el conseller ha insistido en que su objetivo es realizar las reversiones «de una forma ordenada, razonable y sosegada» y ha reiterado su «ideología cero» en materia sanitaria, mientras ha reprochado a Compromís que no vea «más problemas que en los departamentos de concesión administrativa».
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