En un acto en Bilbao para presentar las propuestas de los populares vascos en materia de vivienda, acompañado por la secretaria general del PP, Esther Martínez, Javier de Andrés ha denunciado que anoche fueron vandalizadas las sedes de Bilbao y Vitoria con pintadas contra la «criminalización» de la ocupación de viviendas, tras proponer el PP en el Senado los desalojos en 24 horas.
Javier de Andrés ha señalado que la propiedad «tiene que ser defendida» porque «no es admisible que a uno le ocupen la vivienda y tenga que pasar meses o años hasta que se la desocupan y pueda recuperarla» y ha defendido que los desaolojos se hagan «como en el resto de Europa, de una forma muy rápida».
Tras advertir de que la «naturalización del fenómeno ocupa» de viviendas de particulares está creando «un problema en España», ha criticado que «algunos consideran que la ocupación es un derecho», cuando es «un delito que, ahora mismo, con la legislación actual, está tolerado».
En ese sentido, ha censurado también que «hay un clima social y político por una parte notable de políticos que lo toleran, lo asumen, lo aceptan y lo naturalizan, también en Euskadi muy particularmente, donde hay muchos partidos políticos que están naturalizando esto, que, o están dentro del gobierno o son socios del gobierno».
Por ello, ha reprochado, «ese clima de normalización de un delito como es la ocupación, se está apoderando de una buena parte de la sociedad y está causando problemas a muchos propietarios».
Ante esta situación, Javier de Andrés ha considerado necesario «cambiar y dar un giro a esa política de naturalización y normalización del fenómeno ocupa y llevarlo a donde le corresponde, que es a un fenómeno delictivo». Además, cree necesario que la administración «reaccione cuanto antes» porque «no es admisible» que se esté tardando «meses o incluso años en resolver el problema del fenómeno ocupa».
Además, ha dicho que el problema de la vivienda en el País Vasco es consecuencia de la «malísima gestión» del Gobierno vasco y ha añadido que la Ley de vivienda aprobado por el Partido Socialista «con sus socios favorece el hecho de que alguien se quede sin pagar en una vivienda por sus circunstancias personales y sea el propietario de la vivienda quien asuma el coste social de mantener a unas personas que no tienen una renta como para poder sostener el compromiso de alquiler que tenían adquirido con el propietario».
«Eso está conduciendo a que haya un desincentivo para que los propietarios puedan alquilar su vivienda y se está bajando el número de viviendas en el mercado, lo que conduce a un encarecimiento de los alquileres», ha advertido.
En el caso de Euskadi, ha afirmado que, «más allá del alquiler también hay un problema de vivienda en propiedad» como consecuencia de las medidas «controladoras y restrictivas aprobadas a lo largo de los años en el País Vasco que conduce a que haya una carestía de las viviendas y a que falten 104.000 viviendas».
El dirigente popular ha asegurado que el País Vasco tiene las viviendas «más caras de España» y ha indicado que el coste de emancipación para un joven «representa un 56% de su sueldo».
Tras insistir en que «tanto el alquiler como la vivienda en propiedad están en unos precios absolutamente disparados», ha recordado que la vivienda es competencia del Gobierno Vasco y ha criticado que las sucesivas leyes aprobadas por el Parlamento vasco «no han llevado a que sea más accesible la vivienda, sino a que lo sea menos» y, ahora, «se han puesto requisitos adicionales, se ha complicado todavía más y las consecuencias son evidentes, porque si se restringe y se desincentiva la oferta se incrementa el coste de la vivienda».
Medidas
Por todo ello, ha considerado necesarias medidas como hacer que «la política cultural de los vascos abandone ideas como la ocupación» e incentivar a quienes tienen la oportunidad de construir viviendas o la posibilidad de poner sus viviendas en alquiler, para «conseguir que haya más oferta que lleve a una bajada de los precios».
Otras medidas «en positivo» que plantean los populares son «mejorar los incentivos fiscales» para la compra de vivienda y «moderar» el coste que tienen impuestos como el de transmisiones patrimoniales o los impuestos municipales para «amortiguar» los «altos costes de vivienda por lo menos desde la parte pública», teniendo en consideración «la realidad económica que tienen las familias y el coste de la vivienda en el País Vasco».
En ese sentido, ha insistido en la necesidad de un acuerdo «general interinstitucional en el País Vasco que favorezca la compra y el alquiler de vivienda y que nos conduzca a una normalización, porque no tenemos que asumir como hecho irreversible el que el País Vasco padezca esta carestía del precio de la vivienda» como consecuencia de «las malas políticas que se han llevado».
Javier de Andrés ha advertido que «no van a ser aquellos que nos han conducido a esto, que son quienes gobiernan ahora y sus socios habituales, los que vayan a resolverlo, porque su forma de resolverlo es exactamente la que nos ha llevado a este punto, con lo cual lo que va a pasar es que se va a encarecer más la vivienda».
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