La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha pedido una «reunión urgente» a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para tratar los casos de presuntos agresores que buscan acceder a recursos para la atención contra la violencia de género después de haber cambiado registralmente de sexo en virtud de la Ley Trans estatal.
Tras la misiva enviada por Dávila a Redondo la pasada semana para alertar de esta situación, la consejera madrileña ha enviado una segunda --adelantada por 'El Mundo' y a la que ha tenido acceso Europa Press-- en la que agradece la «rápida respuesta» y «buena disposición» de la ministra, pero advierte de que no resuelve las «cuestiones planteadas» en la primera carta.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería, el artículo 46.3 de la Ley Trans a la que alude Ana Redondo «no responde» a las demandas de la Comunidad de Madrid, por lo que le solicitan una «reunión urgente» para abordar estos problemas y posibles soluciones «de forma conjunta».
La nueva carta de Dávila, fechada el martes, subraya que de acuerdo con los técnicos de su Consejería, ese artículo «no da respuesta a las diversas problemáticas que están surgiendo en su aplicación» y «a otras que puedan surgir en el futuro».
«Por este motivo, y agradeciendo la buena disposición que muestra en su misiva, le ruego que nos convoque a una reunión presencial, y con carácter urgente, para poder tratar de manera conjunta, y con mayor detalle, este asunto que entendemos no ha quedado resuelto», señala Ana Dávila en su misiva.
La consejera advierte a Redondo de que el sistema de protección «está en riesgo» y asegura que es el «deber» de las administraciones «poner todos los medios» a su alcance «para preservarlo». «Se lo debemos a las víctimas. Y sé que es un objetivo que compartimos y en el que nadie va a escatimar ningún esfuerzo», concluye la consejera.
En su primera carta, Dávila advertía que desde los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid se ha transmitido «preocupación» al comprobar «la petición de ayuda de personas que, habiendo realizado el cambio registral de sexo, siendo ahora femenino», figuran en el sistema VioGén como agresores cuando su sexo era masculino.
En este sentido, advirtió de que «alguna de las víctimas de violencia está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor», una circunstancia, subrayaba, que «pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales», además de poner «en riesgo» el propio sistema de protección, recalca.
Casos detectados en la comunidad
Fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press confirmaron entonces que en los últimos meses se han detectado «al menos tres casos» de presuntos agresores de mujeres que, estando registrados en el sistema de seguimiento VioGén, han modificado su sexo en virtud de la nueva Ley Trans y han solicitado acceder a un punto de atención a mujeres víctima de violencia.
Aunque recalcan que «ninguna de las tres peticiones ha tenido que ser atendidas por el momento», reconocen que estas situaciones «están causando estrés y ansiedad en algunas trabajadoras», que temen posibles agresiones, explican.
Según señalaban estas fuentes, uno de los casos se ha registrado en Madrid capital, donde un presunto agresor pidió ingresar en un centro de acogida residencial para mujeres. El segundo se ha producido en Coslada, donde otro presunto agresor ha pedido ser atendido en el punto municipal de esta localidad.
En cuanto al tercer caso, se ha registrado en Pozuelo de Alarcón, donde otro presunto agresor ya declarado mujer en su DNI ha solicitado ser atendido en el mismo punto municipal en el que estaba siendo atendida su expareja.
Por otro lado, desde la Consejería apuntaban a que se han detectado «al menos otros tres casos distintos a los anteriores» en el último año en la Mancomunidad de Sierra Oeste.
En dos de ellos, el presunto agresor cambió de sexo en su DNI, lo que «le evitará que la violencia que pueda ejercer en un futuro se sustancie a través de un procedimiento judicial de violencia de género», mientras que en el tercer caso se trata, según las mismas fuentes, de un presunto agresor sexual pareja de la agredida, la cual al interponer la denuncia ante la Policía fue informada de que éste había cambiado ya de sexo registral al femenino, por lo que no podían considerar la denuncia como un caso de violencia de género.
Por último, varios varones que han cambiado de sexo registral al femenino están pidiendo información sobre las ayudas a las víctimas de violencia de género en Móstoles, Velilla de San Antonio y en la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste (Misecam), de acuerdo con la información facilitada desde la Consejería.
Tras ello, la ministra Ana Redondo aseguró que estaban «valorando» los casos de agresores que cambian de género y buscan después recursos contra la violencia machista.
«Se está valorando, estamos estudiándolo, pero yo siempre digo que los casos aislados no pueden elevarse a categoría. Tenemos que valorarlo, tenemos que estudiarlo, pero desde luego cuando tengamos una respuesta y además técnicamente por escrito, la facilitaremos a la Comunidad de Madrid», señaló Redondo en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados la pasada semana.
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