Los socialistas solicitaron a la jueza María Inmaculada Iglesias formar parte del procedimiento como acción popular al poder derivar el caso en posibles responsabilidades penales, en particular, en relación a delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental, y considerar que se estaría ante una causa de interés general de los ciudadanos.
Esgrimía el PSOE que no había necesidad de presentar querella ni fianza debido a que los hechos tienen su origen «en contrataciones relacionadas con el suministro de materiales sanitarios adquiridos durante la gestión de la crisis del Covid1-9, y que, en cualquier caso, afectarían a los intereses generales como es un intento de defraudación a la Hacienda Pública». Sin embargo, han tenido que abonar una fianza de 3.000 euros.
Por ello, el PSOE solicitaba su personación en representación de sus afiliados y el interés general de la ciudadanía que preside la actuación de esta organización.
Consideraba que «este es el momento procesal oportuno para comparecer en el ejercicio de la acción popular, ya que se está ante una causa de interés general para los ciudadanos, por lo que afecta a la hacienda pública, y, la preocupación y alarma social que producen a la sociedad este tipo de conductas».
«Por ello, sin perjuicio de la legitimidad de la Fiscalía para entablar estas acciones legales en defensa de la legalidad y el interés público, entendemos que existen intereses generales de los ciudadanos que se han podido ver afectados a consecuencia de los hechos objeto de investigación, que justifican nuestra presencia en la causa como acusación popular, en ejercicio del derecho reconocido en el art. 125 de la Constitución Española», recoge.
Apertura de diligencias de investigación
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado para el 20 de mayo en calidad de investigado a Alberto G. A., para declarar por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil, después de que haya incoado diligencias contra él y otras cuatro personas en relación a la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria, referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en la presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.
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