Así lo ha trasladado la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en el escrito de respuesta al Ministerio en relación a la solicitud de votación por correo electrónico para formalizar la adhesión de la Comunidad de Madrid al acuerdo de cooperación sobre el plan antitabaco.
En el escrito, firmado por la directora general de Salud Pública madrileña, Elena Andradas, se explican las razones por las que el Ejecutivo madrileño no puede votar ese punto, fundamentalmente por el poco margen para revisar los cambios propuestos y las alegaciones presentadas por las diferentes autonomías y ante la falta de competencia de la Comisión de Salud Pública para abordar este acuerdo de cooperación.
Así, desde el Gobierno madrileño han alegado que la «documentación esencial» les fue facilitada con menos de 24 horas de antelación a la celebración de la reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública de este jueves, en la que se abordaron las alegaciones presentadas por las comunidades. Una «cuestión formal», indica la directora general de Salud Pública madrileña, que a Madrid no le parece adecuada «porque contradice el artículo 18 del Reglamento» de este órgano.
Además, desde el Ejecutivo autonómico subrayan que la Comisión de Salud Pública «no es competente para llevar a cabo esa votación». «Se trata de un particular que excede de lo previsto en el punto 1 del Orden del Día de la reunión, en el que no se preveía votar ninguna adhesión al PIT y, además, hay que subrayar que en las reuniones extraordinarias de la Comisión de Salud Pública no se pueden abordar cuestiones no recogidas en el orden del día», alega Andradas en el escrito.
En este mismo sentido, insiste en que la competencia de este órgano «es esencialmente preparatoria» de los asuntos a tratar posteriormente en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, «por lo que en esta sede no se debería votar la adhesión o no a un acuerdo de cooperación» al «exceder de las funciones atribuidas reglamentariamente a este órgano».
En este contexto, resume, «como este órgano no es competente para votar esta cuestión» la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid «no va a votar este punto».
Tras la reunión de la Comisión de Salud Pública, la propia directora general de Salud Pública madrileña trasladó sus reparos ante el procedimiento propuesto por Sanidad para llegar a un acuerdo, es decir, votar un acuerdo de cooperación al que la comunidad autónoma se puede adherir especificando sus líneas rojas. Frente a ello, defendió la opción de ir avanzando «año a año» en acciones concretas que tendrían una inversión específica.
«Entiendo que para avanzar en lo que todos estamos de acuerdo, una sociedad libre de tabaco sería más operativo modificar el nombre del plan y sustituirlo por hoja de ruta, y año a año ir avanzando en acciones concretas con una votación presupuestaria específica. Esto implicaría un verdadero compromiso político y además se podría hacer un seguimiento de los resultados. Si no, es muy posible que todo quede en una declaración de intenciones», indicó Andradas.
Será aprobado en la reunión de mañana
En cualquier caso, de Sanidad dará luz verde este viernes en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS al plan, aunque no se adhieran a él todas las CCAA, y se verá reflejado próximamente «en una ley», según han informado a Europa Press fuentes cercanas al Ministerio.
Sin embargo, las CCAA que quieran instaurar alguna de las medidas del documento antes de que se desarrolle una normativa estatal podrán hacerlo porque «tendrán un aval». Desde el departamento que dirige Mónica García ya han indicado que no se informará de qué comunidades están a favor o en contra hasta el viernes, cuando está prevista la celebración del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en sede ministerial.
De momento, solo cinco CCAA, entre las que se encuentran Cataluña, Canarias y Navarra, se han adherido, mientras que el resto ha decidido «no emitir voto» porque cree que el procedimiento «no es el adecuado», según ha podido conocer Europa Press.
"el plan va a seguir adelante aunque el pp no lo apoye"
Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado, a través de una publicación en la red social 'X', que «esta semana quedará para decidir quién, una vez más, se sitúa en un lugar en el que los años mostrarán que no tenía sentido estar». En esta misma publicación, ha asegurado que el Plan «va a seguir adelante aunque el PP no lo apoye».
Asimismo, ha enumerado el «listado de excusas» de las CCAA gobernadas por el PP para no apoyar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.
Frente al argumento de que el documento «se ha hecho muy rápido», Padilla alega que el Plan «lleva años trabajándose», y que los autores son «miembros del grupo de tabaco de todas las CCAA». Además, «los directores generales de salud pública llevan semanas con el Plan».
Estas mismas CCAA también critican que el Plan no tiene memoria económica. Ante ello, Padilla asegura que los grandes Planes Integrales que han pasado por el CISNS en legislaturas previas «no tenían memoria económica» y que, además, expertos del Ministerio no lo ven necesario. Además, ha aseverado que «el impacto económico se derivará de la aprobación de textos normativos que sí llevarán estimación de impacto presupuestario».
Asimismo, Padilla ha asegurado en 'X' que la medida de empaquetado genérico tiene un apartado específico de bibliografía con 20 referencias, en respuesta a aquellas CCAA que aseguran que no la tienen.
En cuanto a la petición de que los impuestos al tabaco sean «finalistas», Padilla ha asegurado que estos «tienen un dudoso encaje» en el ordenamiento jurídico español. No obstante, ha avanzado que estudiarán, junto con Hacienda, cómo revertir en medidas frente al tabaquismo. «Esperemos que la subida de los impuestos suponga una disminución de la recaudación por buen impacto sobre el consumo. Dicho esto, el gasto sanitario derivado del tabaco triplica la recaudación vía impuestos», ha agregado.
Por otro lado, CCAA como Aragón apostaban por la voluntariedad de prohibir fumar en las terrazas. «Ampliarlos ya es voluntario. No funciona», ha zanjado el secretario de Estado en Sanidad, para agregar que «la autorregulación en salud pública no funciona muy bien». Ha señalado que se trata del mismo argumento que con el cinturón de seguridad, pero, en este caso, «con daños evidentes a terceros».
En este mismo sentido, Aragón también proponía el establecimiento de medidas que incluyan distintos tipos de incentivos y beneficios fiscales para los espacios sin humo. «Incentivos fiscales cuando no es evidente que vaya a haber impacto económico, no tiene sentido», ha apostillado Padilla.
«Cuando no hay motivos que se puedan hacer públicos para oponerse a medidas de sentido común, uno se agarra a aspectos formales», ha finalizado.
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