Juanma Moreno se ha pronunciado así en un encuentro informativo organizado por el diario 'El País' y la Cadena SER en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, y al hilo de la comisión de investigación cuya creación en el Parlamento andaluz ha solicitado el Grupo Socialista sobre la contratación de emergencia de la Consejería de Salud durante los años de la pandemia de Covid-19.
Al respecto de este asunto, el presidente de la Junta ha preguntado «qué es lo que hay que esclarecer», porque «no hay diligencias abiertas de ningún tipo» desde el ámbito de la justicia actualmente, e incluso el propio Gobierno andaluz que él preside impulsó una investigación durante la pandemia a raíz de una denuncia que interpuso en la Fiscalía por algo que le parecía «irregular» y que «quedó archivada por el propio poder judicial», según ha puesto de relieve.
Moreno ha defendido que por parte de la Junta han «dejado» a Espadas que «vaya a comprobar los contratos, a ver la información que nos ha solicitado», por lo que el Gobierno andaluz ha actuado con «transparencia», y ha advertido de que, si los socialistas «lo que quieren es un 'show' mediático y político, nosotros no nos vamos a prestar, porque no nos parece razonable y porque no es sensato».
«Y, desde luego, yo le recomiendo al señor Espadas que no entre por ahí, porque podemos hablar de muchas cosas, porque son muchos años de gobierno socialista, porque hay más de 100 causas abiertas ahora mismo en la justicia contra la administración socialista, precisamente por irregularidades y porque aquí se han hecho muchas cosas que no se han hecho nada bien», ha agregado el presidente antes de aseverar que «la corrupción en Andalucía lleva inequívocamente al Partido Socialista Obrero Español».
Tras ello, ha ofrecido «colaboración máxima» al líder del PSOE-A a través del «Portal de Transparencia» y con «la documentación que él requiera, y evidentemente a través de los trámites que tiene el Parlamento», pero ha insistido en mostrarse en contra de que se monte por parte de la oposición socialista «el típico 'show' donde al final lo que se va a buscar es embarrar la política andaluza, que la estamos manteniendo un poquito al margen del ruido de la meseta», ha apostillado Moreno.
El caso del exviceconsejero de salud
Por otro lado, sobre el caso del fichaje del exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán por parte de la aseguradora privada Asisa, Moreno ha comenzado señalando que la Ley andaluza de Incompatibilidades «no es buena» y «no es completa», y es «bastante mejor» la que existe a nivel estatal, y por eso ha encargado a su gobierno que «impulse una renovación de esa ley», según ha confirmado el presidente.
Tras ello, Moreno ha dicho que al hilo de este caso habría que preguntarse si no puede volver a trabajar en el sector privado una persona que, como el exviceconsejero, venía de ahí antes de incorporarse a la administración pública, y una vez que deja las responsabilidades que en ella ha ostentado y deja de cobrar la cesantía que le pertenece.
«¿Qué hacemos, no puede volver a trabajar?», ha preguntado el presidente, quien ha agregado que por parte de su gobierno no han generado «ruido» sobre «muchas de las incorporaciones en el sector privado que se han producido en épocas anteriores», porque las han «entendido».
El presidente ha relatado que, cuando su gobierno se enteró de la decisión del exviceconsejero de aceptar un contrato con Asisa, «lo primero» que hizo fue «pedir un informe de oficio» al «servicio técnico» de la Junta que ha determinado que, «hasta el mes de julio», Miguel Ángel Guzmán «no podría incorporarse» a la aseguradora privada porque antes deben pasar «dos años» desde que dejó sus responsabilidades como director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Moreno ha señalado que, en casos similares, «el Estado no te deja trabajar» durante «dos años» después de dejar el cargo público que sea incompatible con el puesto privado al que se aspira, pero durante ese tiempo concede al profesional «una cesantía», y el presidente de la Junta ha valorado ese proceder de la administración central de «compensar» al trabajador que temporalmente no puede pasar al sector privado, porque, «si no, ¿de qué va a vivir este señor?», se ha preguntado el también líder del PP-A.
Moreno ha defendido también que «el sistema público y el privado se enriquecen de experiencias mutuas», y «es importante fichar a gente que tiene experiencia en el sector privado» y que pueda aportarla al público, y también que esos casos se den al revés, y hay que «clarificar» estas situaciones, siendo «más transparente, más riguroso en algunos aspectos, pero al mismo tiempo facilitando que haya posibilidades de que en el ámbito público nos enriquezcamos del sector privado, y en el privado del público».
De igual modo, y ante los casos de supuestos «conflictos de intereses» que también ha venido denunciando el PSOE-A por parte de altos cargos de la Junta, Juanma Moreno ha subrayado que cuando se detectan casos así en la administración, «se apercibe e incluso se expulsa» a la persona que pueda haber «vulnerado» el «código» de comportamiento adecuado, pero ha remarcado también que la administración autonómica andaluza cuenta con «300.000 empleados públicos» y «da servicio a casi nueve millones de personas», y estos casos apenas representan un «0,1% de incidencia» en el marco de la misma.
En todo caso, ha subrayado que la Consejería de la Presidencia «tiene instrucciones» para estar «muy pendientes» por si esas situaciones se producen, y «si alguien vulnera las propias normas que nosotros hemos establecido, evidentemente tendrá que ser sometido al régimen disciplinario», ha advertido el presidente antes de puntualizar que por ahora «no hemos visto ningún caso de gravedad» en su gobierno.
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