Junto a la mayoría de las comunidades autónomas, se ha conseguido que este punto del orden del día se retirase del pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, que ha presidido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se ha comprometido a analizar y replantear la cuestión en futuros encuentros.
Al término de la reunión, que se ha desarrollado en la Escuela Nacional de Protección Civil, en la localidad de Rivas-Vaciamadrid, la consejera ha explicado que «las comunidades hemos mostrado nuestra disconformidad con la pretensión del ministerio de que se realicen dos regulaciones separadas, el plan de emergencia y el de autoprotección de presas y balsas, pero hemos conseguido que retiraran este punto del orden del día».
Los planes de presas y balsas los elabora el titular de la presa y se considera como un plan de autoprotección de la instalación de la presa y un entorno de hasta dos kilómetros aguas abajo. En Aragón, esos planes se homologan por parte de la Comisión de Protección Civil aragonesa, se inscriben en el Registro de Planes de Protección Civil y se colabora en su implantación.
«Con su propuesta, el ministerio pretendía separar el plan de autoprotección, que incluiría únicamente las instalaciones de la presa, del plan de emergencia ante situaciones de peligro causadas por la presa en su entorno aguas abajo», ha señalado.
Mantener el modelo existente
Sin embargo, la propia norma básica de Protección Civil emplaza a simplificar procedimientos cuando la documentación y el análisis es común en gran parte, como ocurre en el caso de estos documentos. «Por eso, hemos pedido mantener el modelo que ya existe», ha insistido, para detallar que el ministro se ha comprometido a analizarlo en futuras reuniones y repensar la cuestión.
Además, en el turno de ruegos y preguntas, la consejera ha solicitado al ministro que se replantee también el formato de este tipo de reuniones.
«Discrepo en el formato, no es el adecuado para mostrar la opinión de las comunidades autónomas», ha considerado, ya que en el Consejo Nacional de Protección Civil participan con voto varios organismos de la Administración General del Estado y, por ello, las votaciones no reflejan proporcionalmente el parecer de la mayoría de las comunidades.
En este sentido, Hernández ha advertido de que las competencias en materia de Protección Civil corresponden a las comunidades autónomas «y el Consejo Nacional no puede ser un instrumento para que el Estado imponga su criterio».
«Si queremos darle relevancia a la Protección Civil hay que igualar el formato al de una conferencia sectorial (con presencia de Estado y comunidades autónomas), porque la materia tiene importancia», ha recalcado, para emplazar también a seguir estrechando la colaboración entre administraciones en estas materias.
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