La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha pedido este miércoles «una reflexión no política, sino judicial y social» sobre violencia de género para que «cambie la tendencia» porque «llevamos muchísimos años y hay que reconocer que no se ha avanzado con éxito en la erradicación de la violencia» ejercida contra las mujeres.
En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Tárrago ha apuntado que «no se ha encontrado una solución al incremento de casos de violencia de género», y ha alertado del aumento de ésta entre los menores. «Antes no existía el delito de violencia de género en menores y lo preocupante es que muchos de esas menores justifican la violencia que se ejerce sobre ellas como muestra de cariño cuando son supuestos claros de manipulación, de posesión y de celos que no se interpretan de esa manera», ha reflexionado.
Sobre la violencia vicaria --agresiones a los hijos por parte de los maltratadores para dañar a las parejas o ex parejas--, la fiscal superior de Andalucía ha llamado la atención sobre el incremento «exponencial» de casos. «Es una manifestación de violencia de género que antes ni siquiera se consideraba así», ha sostenido Ana Tárrago. Andalucía contabiliza en lo que va de año 2024 tres víctimas mortales por violencia machista, las tres en la provincia de Málaga, y dos casos de violencia vicaria, en la provincia de Almería, del total de siete que se han registrado en España.
En materia de lucha contra la violencia de género, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía va a «agilizar los trámites» para repartir las ayudas que destina al servicio gratuito de procuradores a las víctimas de violencia de género, con las que garantiza la asistencia en todas las fases del proceso penal aunque la misma no sea preceptiva, motivo por el que estas actuaciones no podían ser asumidas a través de la Asistencia Jurídica Gratuita. Unas ayudas que en este ejercicio 2024 cuentan con una partida de 255.000 euros.
La Junta subvenciona cada actuación --módulo, en la terminología técnica-- no obligatoria que cubra el procurador con un precio de 38,5 euros. La herramienta con la que la Junta busca esa agilización es una orden cuyas bases reguladoras ya están en consulta pública, tal como ha consultado Europa Press. Con esta orden, la concesión de ayudas a los colegios de procuradores de Andalucía estará ya «reglada y fijada». En 2021 y 2022, cuando se estrenó este servicio, el más de medio millón de euros que se destinó se articuló mediante un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores. En 2023, los 255.000 euros reservados se repartieron mediante una convocatoria excepcional. A partir de 2024, la orden que se está tramitando es la que se aplicará. Desde 2021, se hacen alrededor de 6.600 actuaciones al año.
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