Archivo - Un cartel de 'Se Alquila', 19 de junio de 2023, en Madrid (España). | Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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CC.OO y UGT han subrayado que es «necesaria» la regulación del alquiler temporal que está preparando el Gobierno de España y han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cambie su política de vivienda porque «está enfocada como si fuera un bien de mercado».

Así lo han manifestado en declaraciones a Europa Press después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se haya reunido con el Grupo de Trabajo con el que está estudiando las medidas para atajar el incremento de las viviendas de uso distintos al habitual.

Según el portal inmobiliario Idealista, el 15% de las viviendas de la ciudad de Madrid que se ofrecen lo hacen para el alquiler de temporada. Asimismo, la capital se encuentra entre las localidades donde se han registrado fuertes subidas en el volumen de estas viviendas, con un incremento del 56%.

«Lo que entendemos es que estos alquileres se están empleando como habitual aunque lo tengan declarado como vivienda temporal. Se hacen contratos por 11 meses, no hacen prórrogas y luego van subiendo el precio en función del mercado. Esperamos que esta regulación salga bien porque es necesaria», ha indicado la vicesecretaria general de UGT Madrid, Margarita Domínguez.

En esta línea, ha señalado que desde el sindicato esperan que Ayuso «asuma» la futura regulación porque «los precios de alquiler han subido mucho y eso está provocando que muchos trabajadores de la capital se tengan que ir a la periferia».

«El Ejecutivo autonómico y el Gobierno municipal tienen que replantearse su política de vivienda. Deberían hacer alquileres pero gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o que la Comunidad haga vivienda pública para todos, no solo para las personas vulnerables», ha defendido.

Creen que las medidas "están llegando a muy poca gente"

Por su parte, el secretario de Política Sectorial de CC.OO. Madrid, Alfredo Villafranca, ha manifestado que desde el sindicato creen que el porcentaje de vivienda temporal «es más mayor en la capital» porque «está reputando mucho».

«Está entre las ciudades donde el alquiler temporal es más habitual, lo que supone un perjuicio para aquellos profesionales que evidentemente no pueden estar todo el año con un alquiler en una zona tensionada. Es absolutamente necesario regular este alquiler», ha recalcado.

Para Villafranca hay «un drama» en Madrid porque "hay zonas absolutamente tensionadas donde la vivienda es carísima y hay determinados colectivos de trabajos absolutamente temporales. En este sentido, ha defendido que hay que cumplir con la Ley de Vivienda estatal.

«La política del Gobierno de Ayuso trata a la vivienda como si fuera un bien de mercado, no como un bien de uso o un derecho que está reconocido en la Constitución. La ejecución de las dotaciones de alquiler en el presupuesto de la Comunidad es desastroso y sus medidas están llegando a muy poca gente», ha criticado.

Continúan las reuniones de vivienda

El objeto principal del Gobierno central es abordar la problemática que se está produciendo por la disminución de la oferta de alquiler de vivienda habitual como consecuencia del destino de una buena parte del parque de vivienda existente a otras categorías de alquiler.

Unas modalidades que se acogen a la regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda --artículo 3 de la LAU--, y en particular, de los contratos de arrendamiento celebrados por temporada sobre fincas urbanas.

Desde el Ministerio, encabezado por Isabel Rodríguez, han recordado que entre los objetivos marcados para atajar el incremento de viviendas de uso temporal está el establecimiento de mecanismos para «no eludir el cumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) e intentar salvaguardar los alquileres de temporada que realmente lo son, como los de los estudiantes o los trabajadores temporales».

Asimismo, han asegurado que se está haciendo «un esfuerzo de consenso y también de rigurosidad» para intentar que la oferta de vivienda no se vea retraída, al tiempo que está trabajando con «la mayor celeridad posible», teniendo en cuenta que finalmente el texto que salga del Grupo de Trabajo pasará por la vía parlamentaria del Congreso para su negociación y debate.