La investigación giraba en torno a unas personas pertenecientes a diversos clanes familiares, quienes presuntamente se dedicaban al préstamo de pequeñas cantidades de dinero a un interés abusivo a vecinos de la zona, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.
Según tuvieron conocimiento los investigadores, ante un retardo en el abono de la deuda, incrementarían de un modo exponencial el importe a pagar. Desde ese momento, iniciaban «fuertes amenazas», que terminaban incluso con agresiones físicas hacia sus deudores, con la intención de recibir «pagos desproporcionados» en relación a los préstamos iniciales.
La investigación se inició por la denuncia de una mujer con escasos recursos económicos, que subsistía gracias a las ayudas que le proporcionaban instituciones sociales y que se encontraba residiendo en un piso de propiedad pública, que le habían cedido para garantizarle una vivienda.
Dada la precaria situación de la víctima, en alguna ocasión, al saber que estas personas hacían préstamos de dinero de forma particular, se vio obligada a pedir pequeñas cantidades de dinero a sus vecinos. Uno de sus «acreedores», que le había hecho un préstamo de 20 euros, poco tiempo después le demandó 1.200 euros, según le dijo debido a los intereses de demora.
Posteriormente, la víctima se vio obligada a solicitar un nuevo préstamo a otra de estas personas, en este caso de 100 euros por los que, tres meses después, al no resarcir la deuda, le reclamaron 15.000 euros por recargos en el atraso del pago.
La víctima, al no poder hacer frente al pago de tales cantidades de dinero, comenzó a sufrir una serie de amenazas y agresiones que «la mantenían completamente aterrorizada». Los hechos se sucedían entre amenazas de muerte y agresiones, llegando a amedrentarla incluso con «pegarle un tiro» si no pagaba.
En una de las ocasiones, cuatro integrantes de uno de los clanes se personaron en la vivienda de la víctima, golpeando violentamente la puerta de entrada. Tras conseguir acceder al interior, le amenazaron de muerte, a la vez que le mostraban un cuchillo que portaba uno de ellos. Además, otras dos de las autoras le cortaron el pelo y la agredieron, causándole diversos hematomas.
Finalmente, la expulsaron del inmueble y la conminaron para que empadronara a los hijos de los autores y así apoderarse del inmueble, tratando de dar una apariencia legítima en los registros públicos.
Otro de los hechos se dio a la salida de los juzgados, cuando la víctima se cruzó con otra de las usureras, que volvió a amenazarla si no pagaba.
Se personaron en su nuevo domicilio
El tercer y último hecho del que la Policía Nacional tuvo constancia se perpetró en un segundo domicilio donde la víctima se vio obligada a trasladarse, al haberla conseguido expulsar de su domicilio anterior. En esa ocasión, la perjudicada llamó a emergencias y se personó una patrulla de Seguridad Ciudadana, que detuvo a los tres autores que se encontraban amenazando de muerte nuevamente a la perjudicada.
Finalmente resultaron detenidas seis personas por estos hechos, cuatro varones y dos mujeres, todos de nacionalidad española, de entre 46 y 19 años de edad.
Tres de ellos fueron detenidos en el momento de las amenazas arengadas en el segundo domicilio donde se trasladó la víctima tras su expulsión de su vivienda; mientras que las otras tres personas fueron arrestadas después de la investigación llevada a cabo por Policía Judicial de la Policía Nacional.
Finalmente, tras las detenciones practicadas, se dio traslado de las diversas actuaciones a los Juzgados de Instrucción de Guardia de Alicante.
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