El sector inmobiliaria ha pedido al próximo Govern de la Generalitat que trabaje por aumentar la oferta de vivienda disponible y por la colaboración público-privada; dar seguridad jurídica y no sobrerregular, y afrontar las ocupaciones.
Han coincidido en eso, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana; el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce; la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, y la presidenta de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Helena Beunza.
Xavier vilajoana (apce)
Vilajoana pide flexibilizar la regulación urbanística; un pacto Generalitat-ayuntamientos-promotores públicos y privados, para hacer ya pisos de venta y alquiler «con un marco estable y de seguridad jurídica para los inversores»; agilizar los plazos de tramitación de licencias de edificación y de tramitación de planeamientos urbanísticos; y movilizar suelo de reserva de VPO y de equipamientos.
Ha añadido que «los constantes cambios normativos y la inseguridad jurídica que generan» perjudican al parque de vivienda catalán: por eso considera un fracaso la medida del 30% de reserva de VPO en Barcelona, y constata también una reducción de la oferta de pisos en alquiler, que atribuye a la Ley de Vivienda y al reciente Decreto Ley de alquileres de temporada.
En cuanto a las ocupaciones, ha reclamado una regulación «rápida y efectiva» en los casos de ocupación de vivienda sin título habilitante, que incluya a las personas jurídicas y que deje de amparar situaciones de ilegalidad, como es el caso de Catalunya.
Eduard mendiluce (anticipa y aliseda)
Mendiluce pide más oferta y dar acceso a los más vulnerables, pero el sector público «carece de la capacidad presupuestaria» para lograrlo, por lo que plantea una relación estable y acuerdos público-privado, y pide a la Administración: un programa de incentivo de alquiler a largo plazo para dueños de vivienda vacía y un programa de concesión a 75 años sobre suelo privado para alquiler asequible con reversión a la Administración a cambio de un arrendamiento mínimo garantizado.
Además ha destacado que el FMI y el Banco de España instan a priorizar políticas que fomenten la oferta, «dejando atrás medidas intervencionistas» como los controles de precios de la Ley de Vivienda.
Ante la ocupación, ve a Catalunya como una anomalía europea obligando a alquileres sociales para «personas que no han acreditado debidamente su vulnerabilidad», lo cual causa inseguridad jurídica y que los dueños retiren pisos del mercado, y además plantea colaboración público-privada para regularizar la situación de familias vulnerables que ocupen un piso, pero a la vez pide endurecer penas en el CP.
María matos (fotocasa)
Para Matos es la época económicamente más difícil de Catalunya para comprar o alquilar, por lo que hay que equilibrar precios y frenar las grandes subidas: pide colaboración público-privada para construir más pisos asequibles, apostar por la regeneración urbana del parque de vivienda, y consensuar con el sector una seguridad jurídica que dé estabilidad al mercado.
Y no prevé que la oferta aumente pronto: Barcelona tiene más oferta de piso compartido que de piso entero para alquilar; la oferta de alquiler está bajo mínimos; el mercado de compra «se está calentando a un ritmo muy significativo» (la mayoría de distritos de las ciudades más pobladas superan precios de la burbuja de 2007); el desequilibrio oferta-demanda es muy alto; más de la mitad de promotores y constructores han parado su inversión, y más del 10% ha trasladado su actividad.
También alerta de que el temor a la ocupación hace que el dueño retire su piso del mercado, baje la oferta en Catalunya cerca del 15% y suban los precios (12% en alquiler y 4% en compra): ante eso, pide a la Administración una solución para los vulnerables, «sin trasladar la responsabilidad a los propietarios»; un cambio legislativo para frenar esta ilegalidad, y dar así imagen de estabilidad del sector.
Helena beunza (asval)
Beunza prioriza aumentar la oferta, sobre todo en régimen social y asequible, pero las políticas públicas no lo incentivan: por eso pide más inversión pública y programas de colaboración público-privada «a través de los cuales se movilice vivienda ya existente», así como suelo privado para ampliar este parque.
Ve una sobrerregulación y cree que es una de las grandes causas del problema de acceder a un piso, pero, una vez en vigor la Ley de Vivienda, «lo importante es que toda regulación se lleve a cabo de forma equilibrada» y con datos realistas, y ha añadido que el problema se agrava con el decreto del Govern de abril que amplía la contención de precios a todos los alquileres salvo los vacacionales, porque cree que no nació del diálogo entre los afectados ni tiene rigor jurídico.
Reprocha a la Administración catalana permisividad con la ocupación en vez de «ofrecer una solución, en colaboración con el sector privado, a aquellas familias vulnerables que están ocupando de forma ilegal», y defiende asegurar el cumplimiento de los mecanismos legales para facilitar al dueño que recupere su vivienda.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.