La Audiencia de Jaén ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un funcionario de prisiones, de 53 años, al que el jurado declaró culpable de cohecho por la venta de permisos y favores a internos de la cárcel de Jaén donde trabajaba.
Además, se le condena al pago de una multa de 3.240 euros y se le inhabilita durante diez años y seis meses para empleo o cargo público. También se le imponen las costas.
Según recoge como hechos probados la sentencia a la que Europa Press ha tenido acceso a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), «a cambio de cierta cantidad de dinero gestionaba vis a vis de forma irregular o introducía comida, bebidas alcohólicas o teléfonos móviles procedentes del exterior, proporcionándoselos a los internos de forma totalmente ajena al procedimiento legal y reglamentariamente fijado, y sin que las autoridades penitenciarias tuvieran conocimiento de tal actuación».
Fue el pasado 18 de abril cuando el jurado, por siete votos a favor y dos en contra, declaró culpable de cohecho al acusado. Ahora, la magistrada presidenta ha emitido la sentencia en la que se fija la pena de cárcel y el resto de términos de la condena.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal le reclamaba inicialmente seis años de prisión por un delito continuado de cohecho, además del pago de una multa de 14.400 euros.
El funcionario, que lleva tres años retirado del servicio, declaró durante el juicio que «nunca» aceptó un solo euro de los internos, al tiempo que su defensa mantuvo durante el juicio que todo respondía a «motivos de venganza y resentimiento» por parte de presos que «no comulgaban» con el acusado y también a «animadversión por parte de la dirección de la prisión».
La investigación de este caso arrancó en 2021 como consecuencia de las denuncias de varios internos de la prisión de Jaén. Ha sido la Comandancia de la Guardia Civil la encargada de investigar estos hechos que han correspondido al Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.
Tras las denuncias de los propios internos, se abrió una investigación en la que se hicieron hasta seguimientos con baliza. De esta forma, grabaron al funcionario en encuentros con familiares de internos y hasta presuntamente introduciendo objetos y sustancias prohibidas en el centro penitenciario.
La causa ha contado con tres testigos protegidos que declararon por videoconferencia y que apuntaron al funcionario como la persona que cobraba por permisos, 'vis a vis', y que introducía en la prisión, previo pago, comida, alcohol, anabolizantes, lencería, móviles y otro tipo de artículos.
Los tres coincidieron en que lo sabían 'de oídas', hablaron sobre las tarifas que cobraba y rechazaron haber pagado por alguno de estos servicios. Además, otro testigo reconoció que ya estando fuera de prisión entregó al acusado 150 euros por hacerle un escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, además de haberle puesto un aire acondicionado gratis en agradecimiento a lo bien que se había portado con él en prisión.
También declaró como testigo otro interno de la prisión que dijo haber sido su «recadero». Afirmó no haber visto con sus ojos a ningún interno pagando dinero al acusado, pero sí señaló que familiares de dos de sus compañeros de celda le pagaron por 'vis a vis' y por introducir comida y diversos artículos en prisión.
«Es un funcionario corrupto, yo no lo voy a encubrir», dijo el testigo, al tiempo que hizo hincapié en no tener nada en contra del funcionario ni esperar ningún tipo de beneficio por declarar en su contra en el juicio.
En su declaración retrató al acusado como una persona «que se pensaba que era el jefe de la prisión» y que cobraba 250 euros por 'vis a vis' y a los presos «novatos» hasta 500 euros por permisos porque «no sabían que no los daba él, que eso es la Junta de Tratamiento».
Además como recadero que era también informaba al acusado sobre los presos que gozaban de mejor situación económica para que el funcionario supiera de antemano a quién tenía que ofrecer y cobrar sus servicios.
El director de la prisión de Jaén, Juan Mesa, también declaró como testigo para señalar que había tenido conocimiento previo por parte de algunos internos «en momentos puntuales», pero «ninguno de ellos quiso formular la denuncia por escrito y sin pruebas, yo no puedo denunciar a nadie y hacerle pasar por un calvario de este tipo».
En su declaración, en la que rechazó cualquier tipo de animadversión con el acusado, reconoció que es «habitual» que los internos denuncien a los funcionarios, pero sólo en esta ocasión se ha llegado a juicio con el Ministerio Fiscal ejerciendo la acusación. Asimismo, descartó que el acusado hubiera podido influir en la Junta de Tratamiento de la prisión, un órgano colegiado con ocho miembros que autorizan los permisos y beneficios penitenciarios.
No obstante, puso de manifiesto «el interés desbordado» del acusado por conocer las propuestas que se realizaban desde el equipo técnico antes de cada Junta de Tratamiento y es que estas propuestas de permisos «se refrendaban después en 90 o 95 por ciento de los casos» en la Junta de Tratamiento.
Desde la investigación de la Guardia Civil se apuntaba que el acusado conocía con anterioridad los presos que iban a disfrutar de permisos y a los que supuestamente cobraba por gestionar algo que ya estaba prácticamente concedido. Además, según los internos, el acusado, previo pago de 500 euros, se ofrecía a retirar los partes de incidencias sobre los internos, lo que permitía que sus solicitudes de permisos cumplieran con el requisito de la buena conducta.
La sentencia no es firme y se puede recurrir en apelación ante el TSJA. La defensa ha confirmado a Europa Press que ya está ultimando el recurso.
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