La Audiencia de Barcelona juzgará a partir del lunes a la mujer que confesó asesinar a su hija el 31 de mayo de 2021 en Sant Joan d'Espí (Barcelona), una niña que tenía cuatro años y se llamaba Yaiza y de quien su familia paterna exige una condena de prisión permanente revisable por el crimen, igual que la Fiscalía.
El juicio lo abordará un jurado que será seleccionado el mismo lunes y verá la exposición de todas las pruebas del caso durante más de una semana, hasta el martes 21, y la previsión es que empiecen a deliberar al día siguiente.
Cuando Yaiza fue asesinada, sus padres estaban separados y compartían su custodia de la menor, y la mujer presuntamente la mató asfixiándola mientras estaba en su casa.
Por su parte, la defensa niega las acusaciones y ha pedido que la mujer sea absuelta o, de lo contrario, se considere que sufrió un trastorno mental transitorio por «medio insuperable» --lo que la eximiría de responsabilidad penal-- o se tenga en cuenta como atenuante que actuó por un arrebato y ha confesado.
El fiscal le atribuye un delito de asesinato con alevosía y pide que, en caso de que saliera de prisión tras la condena, se le aplique un periodo de libertad vigilada de cinco años --la acusación particular lo eleva a 10-- y una orden de alejamiento respecto al padre y los abuelos paternos de la niña.
Además, reclama una indemnización de 250.000 euros para el padre y de 75.000 para cada uno de los abuelos paternos, las mismas cantidades que reclama la familia paterna.
La acusación particular --que ejercen el padre y los abuelos paternos de la niña-- detalla en su escrito de acusación que la acusada convivía con su madre en el piso de Sant Joan Despí donde la menor pasaba semanas alternas y donde fue asesinada, y la mujer presuntamente la atacó tras despedirse de la abuela e irse a dormir a la habitación que madre e hija compartían.
Nueva oficina para víctimas
A raíz de este caso, la entonces consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, anunció la creación de una nueva oficina para víctimas del delito y la Generalitat aprobó un decreto que prohibía la comunicación con sus hijos a los padres y madres sospechosos de delitos de violencia machista o familiar.
Ciuró se reunió con el padre de Yaiza y se disculpó por no «haber estado a la altura» para la familia paterna de la víctima después de que el padre lamentara que le habían faltado apoyos los meses después del crimen.
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