El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha reafirmado este martes el posicionamiento del Gobierno andaluz acerca de la «inconstitucionalidad» de la proposición de ley de amnistía para los encausados del proceso independentista catalán que ha promovido el PSOE en el Congreso de los Diputados, si bien ha apuntado que es «imposible» recurrirla ante el Tribunal Constitucional (TC) antes de que se haya aprobado en las Cortes Generales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, Antonio Sanz se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que el Gobierno de Aragón haya anunciado que recurrirá la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional después de que un dictamen del Consejo Consultivo avale la legitimidad del Ejecutivo autonómico para interponer dicho recurso.
Antonio Sanz ha confirmado que la Junta de Andalucía está «en estos momentos elaborando un informe jurídico que conlleve el posible recurso», pero ha apostillado que «es imposible tomar la iniciativa de recurrir la ley de amnistía en tanto en cuanto no se apruebe», y al respecto ha remarcado que dicha normativa «no se ha aprobado» todavía.
Tras apuntar que «ojalá no se apruebe» esa ley, el consejero de la Presidencia ha apuntado que en una tramitación tanto en el Senado como en el Congreso una ley «sufre o puede sufrir diferentes modificaciones», por lo que «sería una imprudencia» por parte del Gobierno andaluz anunciar «ya un recurso de una ley» de la que «todavía no sabemos el resultado final», y al respecto ha recordado que este mismo martes está previsto que el Senado «vete» dicha iniciativa con la mayoría absoluta del PP.
De esta manera, el consejero de la Presidencia ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz «está estudiando» recurrir esa ley y «en este momento hay en marcha un estudio para ese posible recurso», si bien también ha advertido de que «ese informe no va a acabar hasta que no sea una ley vigente, una ley aprobada en las Cortes Generales y, por tanto, se pueda hacer efectivo ese posible recurso».
«Por tanto, con independencia de lo que haya hecho Aragón, me parece que lo lógico, lo coherente y lo que está dentro de la lógica, en definitiva», es esperar «a ver qué ocurre en la tramitación de Cortes Generales sobre esa ley que, en todo caso», desde el Gobierno andaluz están «convencidos de que es claramente inconstitucional», según ha continuado exponiendo Antonio Sanz antes de zanjar que «el Gabinete Jurídico no culminará sus trabajos hasta en tanto en cuanto no se convierta en ley definitiva».
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