La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha mostrado este miércoles su rechazo al «intervencionismo al alza del Gobierno» y ha advertido de que «las iniciativas legislativas unilaterales prescindiendo del marco del diálogo social están haciendo tambalear los equilibrios alcanzados en la reforma laboral y en la negociación colectiva, que suponen uno de los activos más importantes de nuestro sistema de relaciones laborales».
Así lo ha indicado en un comunicado después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes el Real Decreto-ley por el que se reforma el subsidio asistencial por desempleo. Al subsidio podrán acceder ahora personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado).
La reforma, acordada con CCOO y UGT y que no han suscrito CEOE y Cepyme, contempla un aumento por tramos de la cuantía de esta ayuda, actualmente de 480 euros al mes (80% del Iprem); amplía el colectivo de beneficiarios, y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo, entre otras medidas.
Para la patronal valenciana, con esta reforma «de nuevo el Gobierno pasa por alto la consulta en el diálogo social a la que obliga el artículo 7 de la Constitución Española, que reconoce a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales más representativas el papel de contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios».
A su juicio del presidente de la CEV, Salvador Navarro, «el Real Decreto-ley aprobado es excluyente, es un texto que no nace del diálogo social y que, por tanto, parece que responde más a equilibrios políticos que al interés general».
La patronal valenciana sostiene que, de esta forma, el Gobierno «vulnera los acuerdos alcanzados al cambiar reglas del juego ya acordadas en la reforma laboral». «Se acordó entonces no abordar la cuestión de la prevalencia de convenios al entender que se abría una brecha en la unidad de mercado y que podría ser perjudicial para el crecimiento», ha recalcado.
Sin representatividad
Del mismo modo, la CEV ha expresado su «rechazo» a «las maniobras del Gobierno para dar entrada en los foros de diálogo social a organizaciones que están en sintonía con sus intereses, pero que carecen de la representatividad necesaria para formar parte de las mesas de diálogo social».
No obstante, desde la CEV afirman que, junto a CEOE, CEPYME y ATA, «se seguirá trabajando en defensa de los intereses empresariales, presentando propuestas que favorezcan el crecimiento económico, la generación de empleo y la cohesión social, y participando y defendiendo el diálogo social como una de las principales herramientas desde las que construir un futuro más sostenible e igualitario».
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