Según informa la Comisaría en una nota, la trama se destapó después de que varios de los clientes de la franquicia aseguraran haber recibido «importantes multas de tráfico» en lugares que estaba «alejados de su ámbito de actuación» como conductores y con vehículos que «nunca habían alquilado».
La operación policial por la que se acusa a los detenidos de falsedad documental y usurpación del estado civil arrancó en junio de 2023 con la interposición de las primeras denuncias en distintos puntos de España.
Los investigadores analizaron la documentación obrante en las oficinas del franquiciado, comprobando la existencia de numerosos contratos fraudulentos de alquiler de coches y furgonetas, con datos de clientes que demostraron no haber formalizado relación contractual alguna con esta empresa en las fechas indicadas.
Uno de los afectados llegó a recibir un total de 14 infracciones de tráfico por diversos motivos, incluyendo excesos de velocidad o aparcamiento, lo que conllevaba la detracción de puntos en su carnet de conducir e importantes sanciones económicas, según se desprende de la investigación.
La empresa implicada habría estado utilizando, sin consentimiento de los clientes, datos personales de los mismos o de terceras personas ajenas a su actividad laboral. Esta práctica tenía como objetivo mantener en el anonimato a los conductores que realmente conducían estos vehículos y que «probablemente los utilizaban para desarrollar algún tipo de ilícito penal».
El alquiler de vehículos es uno de los ejercicios privados «más relevantes para la seguridad ciudadana», dado que «muchos criminales, normalmente relacionados con el tráfico de drogas, se valen de esta práctica para proteger su actividad fraudulenta», exponen desde la Policía.
El sector posee una regulación específica que exige a sus profesionales una especial diligencia a la hora de formalizar los contratos de alquiler. En este caso, los agentes pudieron acreditar «no solo una falta in vigilando, si no una conducta activa para cometer el delito».
Las diligencias llevadas a cabo por el Grupo VIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería han permitido desarticular esta «red fraudulenta» así como esclarecer «los métodos utilizados para la usurpación de identidades, que incluían el acceso a la base de datos de la compañía y la falsificación de los métodos de pago y números de teléfono».
Al responsable de la sucursal de alquiler de vehículos le consta una reseña por simulación de delito, no así a su empleado, siendo esta su primera detención. Ambos se encuentran en libertad a la espera de juicio. Las autoridades continúan analizando la información en busca de otros perjudicados o más implicados.
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