La Comunidad de Madrid albergará desde el curso 2024/25 en el instituto público Ramiro de Maeztu del distrito de Chamartín en la capital, la primera y única Escuela Europea Acreditada (EEA) de España, destinada a proporcionar una oferta educativa homogénea y equiparable para los hijos de funcionarios de la Unión Europea que, por la naturaleza de sus trabajos, pueden cambiar frecuentemente de destino dentro de sus fronteras.
Según informan fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en este recurso, que se ubicará en el Ramiro de Maeztu de la capital y funcionará como una sección más dentro de sus instalaciones, se podrá matricular cualquier alumno, si bien tendrán prioridad estos escolares procedentes de la Unión Europea, aclaran.
Habrá enseñanzas en inglés y español y comenzará a funcionar el próximo año escolar con clases en 1º y 2º de Primaria y 1º de Secundaria de Escuelas Europeas (equivalente a 6º de Primaria), aunque se irá ampliando en cursos sucesivos.
Además, todos los estudiantes del Ramiro de Maeztu convivirán como alumnos de un mismo espacio educativo, realizando actividades conjuntas, también extraescolares, favoreciendo, con ello, «el enriquecimiento cultural recíproco en un contexto multilingüe y multicultural».
Por su parte, los docentes serán funcionarios públicos que podrán optar a incorporarse a la plantilla en función de su especialización y nivel lingüístico para la impartición de las materias de acuerdo con los requisitos establecidos por el propio sistema EEA y conforme a la regulación de la Comunidad de Madrid.
La región se suma a esta iniciativa tras aceptar su propuesta el Consejo Superior de Escuelas Europeas, en el que están representados todos los Ministerios de Educación de los estados miembros, subrayan las mismas fuentes.
Ccoo critica "falta de transparencia"
Sin embargo, desde la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid, su secretaria general, Isabel Galvín, ha advertido de que esta propuesta «no está acompañada de memoria económica» y de que todo el proceso «se está haciendo sin transparencia».
«No se ha informado al profesorado ni a las familias con claridad y no se están siguiendo los procesos de trámite que marca la ley ni en materia de negociación colectiva ni de procedimiento», ha subrayado en declaraciones a Europa Press.
Galvín apunta a que esta iniciativa se hará «sin la inversión necesaria» y podría suponer «cierre de unidades» de un centro «que tiene lista de espera».
En cuanto al profesorado, el sindicato señala que «puede suponer una reconversión de plantilla y la designación mediante comisiones de servicios», pero insiste en la «total opacidad» de la Administración sobre procedimiento.
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