En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha afirmado que «no existe ninguna ley que obligue a tener una ley memorialista autonómica», observando que ya hay legislación nacional sobre esta materia y que el Gobierno regional colaborará «como siempre» en su aplicación junto con el Ejecutivo central.
Ha recordado que la derogación de la Ley de Memoria Democrática fue impulsada por los dos partidos que conforman el Gobierno regional, PP y VOX, «que se comprometieron con los aragoneses para llevar a cabo esta medida» que, además, ha sido avalada tanto por los servicios jurídicos de la Administración autonómica, que la han calificado de «intachable», y por el Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma.
A su juicio, «el Gobierno de Pedro Sánchez trata de disuadir de otros problemas que le afectan y sigue liderando una política de confrontación con las comunidades autónomas, y en este caso le ha tocado a Aragón», aseverando que el Ejecutivo de Jorge Azcón «seguirá defendiendo la libertad de los aragoneses para tomar sus decisiones en el ámbito del Parlamento».
También ha dicho que el Tribunal Constitucional resolverá el recurso presentado por el Gobierno de España y que el Ejecutivo regional «no tiene en ningún momento ánimo de confrontación». «Espero que el Gobierno de España, más allá de utilizar a veces las instituciones para sus propias urgencias y conveniencias electorales, haya tenido en cuenta la viabilidad de este recurso».
Respecto al Plan de Concordia, Vaquero ha reiterado que el compromiso es presentarlo antes del próximo verano y que el plan respetará «los principios y el espíritu de la Transición y los valores de la Constitución».
Por otra parte, Mar Vaquero ha comentado que el Consejo Consultivo de Aragón ha avalado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, por parte del Gobierno autonómico, contra la Ley de Amnistía. «Está preparado para presentarlo», ha zanjado.
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