La Junta de Andalucía sacará a subasta la semana que viene cinco inmuebles turísticos por cerca de 11,5 millones

El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 31 de julio y en septiembre se abrirán las ofertas que se hayan presentado, con idea de que la adjudicación pueda formalizarse durante el mes de noviembre, ha informado la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en una nota de prensa.

Las antiguas villas turísticas que salen a subasta son las de Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla; Fuenteheridos, en el parque natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, y la granadina de Huéscar (Hotel-Villa Pinar de la Vidriera). Además, esta subasta incluye las antiguas residencias de tiempo libre de Siles, en la provincia de Jaén, y de Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada).

El precio de salida en la primera subasta de los cinco inmuebles que se ponen a la venta es de casi 11,5 millones de euros en conjunto. La residencia de tiempo libre de Pradollano constituye el lote con el precio de salida más elevado, casi 8,7 millones de euros. La de Siles parte en la subasta con un precio de salida de algo más de un millón de euros. Por su parte, las villas turísticas de Cazalla de la Sierra y Fuenteheridos rondan los 380.000 euros de salida, mientras que la de Pinar de la Vidriera tiene un precio mínimo inicial de más de 970.000 euros.

En caso de declararse desierto algún lote, se tomará como referencia el precio de salida de la segunda subasta, que es un 25% inferior al de la primera subasta, salvo en el caso de la residencia de tiempo libre de Pradollano, cuyo precio de salida para la segunda subasta es sólo un 15% inferior al de la primera subasta.

La Junta de Andalucía decidió sacar a subasta tres de las villas turísticas cuyo uso rescató el pasado mes de septiembre, que estaban adscritas a la sociedad mercantil Red de Villas de Andalucía SA, y que se encontraban cerradas desde hacía más de diez años. En 2010 cerró el Hotel-Villa Pinar de la Vidriera, tras un periodo de funcionamiento que no llegó a seis meses.

Pero antes de eso ya habían cerrado las de Fuenteheridos (2005) y la de Cazalla de la Sierra (2006). En 2007, el gobierno socialista de entonces acordó la incorporación de estas villas a la Red de Villas Turísticas de Andalucía para su explotación a través de una sociedad de capital mixto. Sin embargo, «dichas villas nunca llegaron a abrirse al público, encontrándose desde entonces en un estado de gran deterioro».

En septiembre del pasado año, el Consejo de Gobierno acordó que la Junta de Andalucía recuperaría el uso de las instalaciones cerradas para ponerlas en valor. El caso de las residencias de tiempo libre que se han incluido en la subasta es diferente, pues éstas se encontraban en funcionamiento. La Junta de Andalucía tomó la decisión hace unos meses de dejar de explotar directamente estos establecimientos, dado el interés manifestado por operadores turísticos especializados, que aportarían inversión y profesionalidad a una actividad que para la Junta de Andalucía suponía una pérdida anual de más de catorce millones de euros, que tenía que cubrir detrayendo recursos de otras prioridades.

Entre 2015 y 2022, la Junta de Andalucía gastó 108 millones de euros más de los que ingresó por la explotación de estos establecimientos. Asimismo, la Junta ha llegado a un acuerdo con la plantilla de trabajadores públicos de estas residencias para reubicarlos en otros servicios de la administración autonómica, con mejores condiciones de estabilidad.

Sólo las villas turísticas cerradas le han costado a la administración autonómica al menos 24 millones de euros desde 2009, cuando se produjo la cesión de las mismas, adscritas entonces a la Empresa Pública Turismo Andaluz (EPTA), hoy Empresa Pública de Gestión del Turismo y del Deporte, a la sociedad Red de Villas de Andalucía. Además, el mantenimiento de las villas sin uso suponía un gasto de casi 500.000 euros anuales.

La subasta de estas instalaciones forma parte de la estrategia de la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, para poner en valor en patrimonio sin uso de la Junta de Andalucía. En 2019 no existía un inventario fiable que permitiera conocer de manera integral el patrimonio de la Junta de Andalucía y su situación de hecho, y muchos de los inmuebles de los que era titular la Junta estaban, desde hacía muchos años, vacíos, abandonados y sin uso alguno.

«No existían proyectos de inversión ni puesta en valor; ni había una política integral de gestión del Patrimonio, lo que generaba un coste de mantenimiento y restauración muy elevado, que se incrementaba con el paso del tiempo. También por los impuestos que gravaban dichos inmuebles, y por los impagos en que se incurrió», ha subrayado la Consejería de Carolina España.

Asimismo, la puesta en valor del patrimonio inmobiliario de Andalucía está requiriendo de una «importante y compleja labor de regularización física y jurídica» de los inmuebles dada la situación de abandono y falta de actuaciones que el patrimonio inmobiliario ha venido sufriendo durante décadas.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha ingresado bien por subasta o bien por adjudicaciones directas de inmuebles en desuso casi 130 millones de euros, además de procurar un ahorro estimado de un millón de euros anuales en gastos de mantenimiento y costes tributarios. Las ofertas de esta quinta subasta de patrimonio público habrán de presentarse en un sobre firmado y cerrado, que debe incluir a su vez dos sobres.

El primero debe contener toda la documentación administrativa requerida, básicamente, la identificación del ofertante y la documentación acreditativa de la constitución de la garantía, del 5% del precio mínimo de licitación. El segundo sobre contendrá la oferta económica, por un importe igual o superior al tipo mínimo de licitación. También deberá indicar si opta a la adjudicación en primera subasta o sólo a la segunda, en caso de que quede desierto el lote por el que se puje.