Mesa redonda en el 11 encuentro del Corredor Mediterráneo del diario 'Expansión' | Europa Press

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Los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía no creen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea capaz de acabar el Corredor Mediterráneo en 2030, un compromiso que reiteró este jueves el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Congreso.

Así han coincidido este viernes en una mesa redonda en el 11 encuentro del Corredor Mediterráneo del diario 'Expansión' la directora de Movilidad de Murcia, María Dolores Solana; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez, y el viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet.

Solana ha dicho que es «inviable y lejano» que la finalización de la infraestructura llegue en 2030, ya que los trabajos no están suficientemente avanzados, lo que dilatará el proceso.

Martínez ha dicho que no están de acuerdo con la previsión del Gobierno de que los trabajos estén acabados para esa fecha: «Hay demasiadas cosas por empezar para que sea realista».

Muñoz-Atanet ha detallado que la evolución del Corredor Mediterráneo en Andalucía es lenta, por lo que no son «optimistas ni mucho menos en alcanzar la fecha» de 2030.

Preguntados por la coordinación entre comunidades y Gobierno, los tres representantes han coincidido en que la relación con el comisionado para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, es buena, aunque han lamentado una falta de entendimiento político.

Puntos prioritarios

En cuanto a los tramos que cada comunidad, Martínez ha dicho que en la Comunidad Valenciana es prioritario el túnel pasante de Valencia y ha criticado que «tiene mucho retraso».

En Murcia, Solana ha abogado por acelerar la conexión del Corredor con Cartagena, ya que es «un punto muy positivo para la región».

En Andalucía, Muñoz-Atanet ha reclamado que el tramo de Granada a Almería se ejecute de manera paralela a las vías del AVE, y que la alta velocidad no condicione la ejecución del tramo del Corredor, como defiende el Gobierno.