Villacampa ha dado cuenta de las líneas generales de su negociado atendiendo las solicitudes acumuladas de PSOE, CHA, Aragón Teruel Existe e IU. Ha esbozado su intención de abordar de manera definitiva el proceso de digitalización de toda la función pública, así como de hacer del nuevo Servicio de Prevención de Riesgos Laborales una herramienta útil para detectar de manera previa las circunstancias que sean perjudiciales para los trabajadores.
El director general ha explicado que el objetivo a alcanzar con el proceso de digitalización es «crear un expediente personal totalmente informatizado para llegar a una situación de papel cero», ha explicado.
Además, ha garantizado la intención del Ejecutivo de «promulgar una Ley de Función Pública, la cual está pendiente desde el 2007, para llegar a una normalidad que permita que la función pública se rija por una normativa más actualizada».
De este modo, Villacampa ha informado ante la Comisión de los servicios transversales de la Dirección General, entre los que ha destacado la Inspección General de Servicios cuyo objetivo es «evaluar los puestos de trabajo de la Administración para determinar las funciones y responsabilidades de cada puesto».
Asimismo, ha observado que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de nueva creación, se centrará en «prever las circunstancias que pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores» y que determina procedimientos de actuación ante situaciones de temperatura extrema o en situaciones de conflicto o acoso laboral, entre otros asuntos.
El director general ha recordado la «situación de colapso que ha impedido que se nombrarán funcionarios o se desarrollaran los procesos selectivos» y ha asegurado que «ya se han sacado las listas, creado los tribunales y establecido el calendario para las fechas de exámenes».
En este sentido, Villacampa ha adelantado que el periodo de prácticas para el acceso a la función pública «se ha decidido eliminar y sustituir por cursos de formación». En última instancia y por acuerdo con las organizaciones sindicales, el compareciente ha anunciado que «se va a crear una normativa autonómica en materia de indemnización del servicio, la cual no existe».
Los grupos apuntan a las cuestiones por resolver
Desde los grupos parlamentarios, la 'popular' Ester Artieda ha mencionado que esta política de la nube contará con «nuevas aplicaciones, bajada de costes de servicios, mejor servicio para todos los proyectos y acondicionamiento de las infraestructuras para reducir el coste de mantenimiento».
El parlamentario Óscar Galeano, del PSOE, ha trasladado al responsable de la Dirección General interrogantes como «la capacidad que tiene la ATS de dotar a la entidad de trabajadores cualificados, así como la convivencia con el personal externo», «garantías de seguridad de los datos y su migración», «resolución de problemas inesperados para acceder a la nube» y «formación del personal en tecnologías de la información», entre otros aspectos.
Galeano ha destacado que este texto legislativo de tecnologías 'cloud' es «un elemento de crecimiento considerable y transformador para el sector público autonómico, las entidades locales aragonesas y el sector privado».
Igualmente, el diputado Fermín Civiac, de Vox, ha aludido a que la infraestructura, los protocolos de seguridad, la formación y capacitación de los empleados «pueden ser un tema complejo y costoso para empresas con recursos limitados». Ha hecho hincapié en la «creación de un marco normativo adaptado y actualizado» que, posteriormente, «requerirá la coordinación de muchas partes involucradas», ha advertido.
En ese sentido, ha llamado a «mantenernos firmes» en ese proceso de digitalización, «pues los beneficios de crecimiento, eficiencia y funcionamiento del servicio público son enormes», ha valorado.
Cha, existe e iu
Desde Chunta Aragonesista, José Luis Soro ha instado a resolver cuestiones como la certificación de Solución Cloud Certificada de Aragón y ha abordado cuestiones como «la ejecución de las funciones de ATS, la difusión y asesoramiento en materia de tecnologías cloud, y la implementación de las acciones formativas de los empleados, así como la renovación de estos con personal de alta cualificación».
Por parte de Aragón-Teruel Existe, María Pilar Buj ha recalcado que este texto normativo «es un intento por ordenar herramientas que puedan impulsar avances de Aragón», así como «una buena oportunidad en la medida que se aproveche la llegada de centros de datos para impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información».
No obstante, ha solicitado que las TIC «no sean meros contenedores que alberguen la tecnología, sino un impulso de la formación y el talento», así como una oportunidad para «la libertad de ubicación».
Por último, Álvaro Sanz, diputado del Grupo Mixto (IU), ha manifestado su preocupación respecto «a un presupuesto que viene de la vía de la externalización, y que está mermado de veinticuatro a diecinueve millones». A su vez, ha puesto el acento en asuntos como «la sensibilidad y confidencialidad de los datos, los servidores de gestión directa, y la directriz del dato».
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