El Consejo de Gobierno ha acordado, en su reunión celebrada este miércoles con carácter extraordinario en Torrejón de Ardoz, la interposición del recurso ante el TC tras su entrada en vigor ayer con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal y como ha anunciado la presidenta regional en rueda de prensa. Lo presentarán en un plazo de tres meses.
Para Ayuso, esta es «la ley más corrupta de la democracia». «Se trata de una ley redactada al dictado de quienes promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática en nuestro país, que por supuesto no finaliza nada sino que le abre la puerta a todo lo que viene a continuación», ha remarcado, para a renglón seguido alertar de que lo que viene es «el referéndum».
La jefa del Ejecutivo madrileño ha sostenido que «la amnistía es una vergüenza para cualquier Estado de Derecho». «Hace difícilmente reparable tanto daño primero al buen nombre de España, dentro y fuera de nuestras fronteras, pero también a nuestra democracia, a la confianza de nuestros socios internacionales y de los mercados», ha subrayado.
El Ejecutivo autonómico solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, y los servicios jurídicos han emitido un dictamen que «avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma».
En su argumentación, la Abogacía del Gobierno regional denuncia que la Ley de Amnistía afecta «a los pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Carta Magna». Defiende que el «Estado de Derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales».
La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley que crea «un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con la igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución».
Además, considera que supone «una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».
Desde el Ejecutivo madrileño inciden en que «el Gobierno central ha sacado adelante la Ley de Amnistía sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso».
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