La Comunidad de Madrid ha arrancado la tramitación del anteproyecto de Ley para reformar la norma sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos vigente desde 2002, con el objetivo de proteger a los menores de los derivados del cannabis atajando su acceso.
Así, el Consejo de Gobierno, celebrado este miércoles de forma excepcional en Torrejón de Ardoz, ha dado luz verde a la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública del texto, según ha explicado en rueda de prensa, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Ha enumerado entre estos derivados del cannabis el aceite para vapeadores, snacks o gominolas con CBD, cuyo consumo «también tiene riesgos para la salud». Se busca con esta reforma la adecuación de la normativa a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada en 2023.
Este es in texto legal que establece la prohibición de vender a los niños sustancias perjudiciales y nocivas para su organismo. También, la obligación de informar de manera visible de la composición, características y uso de artículos orientados a este colectivo.
Plan regional sobre drogas
La medida va en línea con el Plan Regional sobre Drogas en el que está trabajando el Ejecutivo autonómico y que, según ha avanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es necesario porque «desde muy jóvenes, los niños están empezando a consumir marihuana y otras sustancias parecidas, que son tan perjudiciales».
El cannabis, según datos del sistema regional de vigilancia de adicciones, es la droga ilegal más consumida entre los estudiantes madrileños de 14 a 18 años. El 27,8% lo ha hecho en alguna ocasión, el 21,8% en el último año y el 14,5% el último mes. La edad media de su inicio es 14,8 años.
Asimismo, ha recordado los 24 Centros específicos de Atención Integral a Drogodependientes, Centros de Día y Hospitalización de Adicciones y las estrategias específicas frente a nuevos fenómenos como el chemsex que despliegan.
Además, cuenta con un Plan de Salud Mental y Adicciones, dotado con 45 millones de euros y especialmente dirigido a la población joven y adolescente, que supone la incorporación de 370 profesionales adicionales. Entre ellos, psiquiatras y profesionales de enfermería que conforman los 21 equipos específicos de prevención del suicidio incorporados en los últimos meses o los 14 de atención intensiva a domicilio para niños y adolescentes con patologías complejas.
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