El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos a favor de PP-A y Vox, el decreto ley que modifica la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía para regular el procedimiento que debe seguir un ex alto cargo durante los dos años posteriores a su cese en el caso de que vuelva a ejercer tras el mismo una actividad privada. La convalidación ha contado con el rechazo de los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.
Asimismo, el Pleno ha rechazado, con los votos de PP-A y Vox, la tramitación como proyecto de ley del decreto de ley, apoyada por PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.
Se trata del Decreto-Ley 6/2024, que aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 28 de mayo, y que ha defendido este miércoles en el Pleno del Parlamento el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que ha argumentado que esta iniciativa busca regular las «lagunas» de la norma vigente y corrige un «vacío» legal.
No obstante, el consejero ha tendido la mano a los grupos parlamentarios para elaborar «desde el consenso» una nueva ley, ya sea tramitando el decreto como tal, elaborando un anteproyecto de ley desde la Junta, o impulsando una proposición de ley desde la Cámara.
Durante su intervención en el Pleno, Nieto ha señalado que la Ley 3/2005, de 8 de abril, regula las incompatibilidades de los altos cargos de la Junta durante el ejercicio de estos, pero también extiende sus efectos a los dos años posteriores al cese.
Sin embargo, no se regula ningún procedimiento para que las personas afectadas obtengan un pronunciamiento de la Administración sobre si la labor profesional que vaya a desarrollar en eso dos años se ajusta a la normativa de incompatibilidades, como sí lo hace cuando se está en el ejercicio del cargo, según ha explicado el consejero.
Ello provocaba una «inseguridad jurídica» a quienes han ejercido cargo público sobre qué actividades pueden ejercer o no en los dos años posteriores a su cese, así como las posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir al desconocer qué se puede hacer o a quién se debe comunicarlo", ha agregado José Antonio Nieto.
El titular de Función Pública ha apuntado que también generaba «incertidumbres» a las empresas privadas a la hora de contratar a una persona que durante los dos años anteriores ha desempeñado un cargo en la Junta de Andalucía, lo que dificultaba «atraer talento» a la Administración.
Son circunstancias «de opacidad que hace unos años eran tolerables, pero la sociedad de 2024 no tolera» y que pueden darse en cualquier momento, según ha abundado José Antonio Nieto, que ha defendido la decisión de regularlo vía decreto-ley que «no significa que sea la solución definitiva y completa».
Por ello, ha incidido en su disposición a elaborar una nueva ley «completa y consensuada» por el procedimiento que los grupos consideren «más adecuado, porque tiene que ser una norma de consenso». «Hay un vacío y una opacidad que tenemos que combatir en el menor tiempo posible», ha insistido, tras defender que sea una norma «clara, comprensible, con resortes rápidos y ágiles», y dejar claro que en el Gobierno andaluz no existe «ningún miedo a ningún control, no tenemos nada que ocultar».
Procedimiento
El decreto-ley convalidado este miércoles prevé que, durante los dos años siguientes a su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas --incluidas las que pertenezcan al mismo grupo societario-- relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo.
Además, durante los dos años tras el cese tampoco podrán firmar, ni por sí mismas ni a través de entidades participadas por ellas directa o indirectamente en más del 10%, contratos administrativos o privados de cualquier naturaleza con la Junta y sus entidades dependientes, en las que hubieran prestado servicios, siempre que guarden relación directa con las funciones ejercidas. El texto aclara en qué supuestos se consideran específicamente que existe esa relación directa.
Los ex altos cargos que pretendan realizar una actividad privada en el mismo sector en el que hayan desarrollado sus funciones en los dos años posteriores a su cese deberán comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de Administración Pública y obtener una autorización.
Los altos cargos que tras su cese reingresen antes de dos años en la función pública y tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos a personas físicas o jurídicas de carácter privado, también deberán obtener la autorización.
El texto también modifica la Ley de Transparencia, ya que amplía la declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones obligatoria para los altos cargos de forma que no solo deben presentarla y actualizarla mientras desempeñan el puesto, sino también tras su cese. Igualmente, deben informar de las resoluciones de autorización para desarrollar actividades privadas durante el desempeño del cargo y tras los dos años de su cese.
Psoe-a habla de "parche" y "chapuza jurídica"
En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PSOE-A Víctor Torres ha considerado que el referido decreto-ley es «de corte cosmético», así como constituye «otro parche» y una «chapuza jurídica» que se ha elaborado «tras saltar» a la opinión pública la noticia del eventual fichaje del exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán en la aseguradora Asisa, y que «no da la solución al problema en relación a las incompatibilidades que sigue viviendo el Gobierno de Moreno», según ha opinado para justificar el voto en contra del Grupo Socialista a la convalidación de este decreto.
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Ricardo López, ha dicho que va a creer en la «buena voluntad» del consejero, a darle «un voto de confianza» y en que «hay razones de urgencia» para modificar la Ley de Incompatibilidades para solucionar «una situación que vamos a entender que es de urgencia», y en esa línea ha abogado por que se lleve al Parlamento «por la vía ordinaria una ley para solucionar este tema de las incompatibilidades de altos cargos».
El diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha abogado por que el decreto-ley se tramite como proyecto de ley, y ha reprochado al Gobierno andaluz «confundir importancia con urgencia» por ir a un decreto-ley como «respuesta a un escándalo», el del anunciado fichaje del exviconsejero como director médico de la aseguradora privada Asisa, antes de señalar «la privatización como un trampolín para personajes que quieren hacer negocio con lo público», y de lamentar la ausencia de «un informe que no conocemos» sobre la incompatibilidad de Guzmán como gerente del SAS.
El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado sobre el camino que ha emprendido el Gobierno andaluz que obedece a que «les han cogido con las manos en la masa, con el carrito del helado», antes de considerar que «la Ley de Incompatibilidades no funciona» y «hay que arreglarla», y concluir que «no tienen ningún interés en cambiar la ley», de manera que «se trata de legalizar las puertas giratorias» por parte del Ejecutivo del PP-A, al que ha afeado que «intentan tomarnos el pelo».
Por último, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha pedido a los grupos de la oposición que sean «más rigurosos», desde la premisa de que la regulación de los altos cargos es algo «complejo». Además, ha defendido que «hace falta reformar» la ley porque es una norma «previa» al Estatuto de Autonomía y es «necesario» proceder a modificarla, al tiempo que ha rechazado «lecciones» de los socialistas que le causan «risa», según ha apuntado.
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