El texto ha recibido los votos favorables del PP-A, mientras que Vox se ha abstenido y los tres grupos de izquierdas, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, han votado en contra.
El Instituto adoptará la forma jurídica de Agencia Administrativa y su naturaleza será de Organismo Público de Investigación. El Gobierno subraya que esa condición de agencia administrativa lo asemeja a organismos nacionales como el Instituto de Salud Carlos III y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía advirtió, en su informe a ese anteproyecto de ley, de una posible redundancia de las funciones del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de este futuro organismo en su condición común de agencias administrativas, por lo que plantearon «o bien suprimir o reducir debidamente las funciones de la agencia ya existente (Servicio Andaluz de Salud)».
De las entidades que integrarán el futuro Instituto de Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública es una sociedad mercantil con participación mayoritaria del Gobierno andaluz, mientras que Progreso y Salud es una fundación.
El Gobierno andaluz, que aprobó el anteproyecto de ley en su sesión de 17 de octubre de 2023 y superó el 13 de diciembre el debate de totalidad en el Parlamento, señaló entonces que los objetivos de este organismo son el fomento de la investigación, el desarrollo, la innovación, la transferencia, y el emprendimiento en salud dentro del marco del Sistema Andaluz del Conocimiento y del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Otras aspiraciones son la promoción de la excelencia en la atención sanitaria y el desarrollo profesional o el fomento de la cualificación profesional del personal sanitario.
El nuevo Instituto de Salud de Andalucía contará con la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada, para aspectos como la generación y gestión del conocimiento en los campos de la salud pública y de la gestión de servicios sanitarios; generar procesos de formación, asesoramiento, cooperación nacional e internacional e investigación, y crear espacios de colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento, la salud pública, la mejora de las competencias clínicas, investigadoras y de innovación y el buen gobierno de los sistemas de salud.
La Junta de Andalucía defiende que la creación del Instituto de Salud de Andalucía no implica incremento presupuestario. Su coste anual se prevé que sea de 51,33 millones, de los cuales 31,73 los aportará la Junta de Andalucía y los 19,63 restantes es una previsión de ingresospor sus actividad, según la memoria económica anexa.
La Junta destaca que el Instituto de Salud coordinará la red de la Fundación Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, ámbito donde apunta que se gestiona un presupuesto cercano a los 150 millones de euros anuales con más de 1.000 proyectos anuales y más de 5.500 estudios clínicos.
Según los datos del Gobierno andaluz, en 2022 dentro del Sistema de I+D+i en Salud trabajaban 422 investigadores a tiempo completo y 188 técnicos de investigación.
Enmienda del pp: una doble sede en sevilla y granada
La creación de este organismo y la ubicación de su sede ha sido materia polémica por las críticas de la oposición, que ha señalado la pérdida de un organismo de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación como es la Escuela Andaluza de Salud Público, además de su vinculación con Granada.
El Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha añadido una enmienda al proyecto de Ley para proponer que el nuevo organismo cuente con «una sede en la ciudad de Sevilla» para que acoja «sus órganos de gobierno, dirección y gestión y conocimiento», así como «otra en la ciudad de Granada, en la que se ubicarán los competentes en formación, consultoría y colaboración con organismos e instituciones internacionales».
Los grupos
La diputada del Partido Popular Beatriz Jurado ha defendido que este proyecto de ley será «una herramienta fundamental para fortalecer (la Escuela de Salud Pública) y ofrecer mejores prestaciones» para blandir «el deseo de tener un Instituto de Salud Pública antes de que gobernara el Partido Popular».
Tras poner de manifiesto que «la ley garantiza que todos los trabajadores mantendrán las mismas condiciones laborales y retributivas», ha recriminado a «la izquierda andaluza, y en especial el PSOE, que se ha afanado en hacer una contienda política contra esta ley por ser incapaces de superar una ideología» y ha proclamado que la creación del Instituto de Salud de Andalucía «no va a suponer el cierre de la Escuela ni de los convenios de investigación, que continuarán en vigor cuanto esté integrada en el Instituto de Salud».
La socialista María Ángeles Prieto ha afirmado que «hoy el Partido Popular pone fin a 40 años de trabajo de la Escuela de Salud Pública, una institución de prestigio internacional, único centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los nueve de este país», hecho que ha atribuido a «la prepotencia, a la gestión necia de una mayoría absoluta que se impone al criterio de las sociedades científicas».
«No nos oponemos a que creen el Instituto, pero no a costa de la Escuela de Salud Pública», ha afirmado Prieto, quien ha apuntado que «Moreno Bonilla cierra la única institución dedicada a la salud pública», mientras que ha proclamado que «ahora toca defender la salud pública, la independencia de nuestros estudios» y ha hecho «una llamada a la resistencia, a trabajar con los determinantes sociales de la salud», entre los que ha señalado perfiles como «las personas mayores, los migrantes, las personas que han sufrido desahucio».
La parlamentaria de Vox Cristina Jiménez ha reclamado que «el nuevo Instituto dé cabida a los investigadores biomédicos», así como ha planteado «la necesidad de que el centro granadino se blinde y no pierda ese prestigio internacional», convencida de que «tiene que ser algo más que la suma de lo que hay» y ha pedido que «debe crecer en calidad», antes de proclamar que «Granada tiene que ser un referente en la Escuela de Salud Pública y esto no se puede perder» y pedir que el futuro Instituto de Salud de Andalucía «sea un faro en I+D+i».
La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha descrito «el doloroso proceso» que hay detrás de esta decisión, que ha enmarcado en que «esto viene de la legislatura pasada, a requerimiento de Vox, que el PP asumió la supuesta reducción de entes administrativos», mientras que ha reivindicado «la excelencia de la Escuela, socio colaborador de la Organización Mundial de la Salud, que se ha ganado a pulso en una trayectoria ejemplar», antes de indicar al Partido Popular que «en esta aventura están tremendamente solos» y que esta decisión «no tiene que ver con la simplificación y sí con el dogmatismo del Partido Popular».
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