El inicio de la investigación se remonta a principios del año 2022. En aquel momento un ciudadano de origen argelino puso en conocimiento de la Policía Nacional una serie de hechos de carácter delictivo. Esta persona abonó la cantidad de 3.500 euros a un «empresario» para que éste, a cambio, le proporcionase un contrato de trabajo ficticio y le diera de alta en la Seguridad Social.
Los contratados obtenidos por los ciudadanos extranjeros ilícitamente eran utilizados posteriormente para la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en su modalidad de arraigo social. Con ello, por lo tanto, se podía conseguir regularizar la situación en España ilícitamente.
Al hilo de esta primera denuncia se localizaron, al menos, otras cuatro víctimas más, oriundas igualmente del país argelino, que del mismo modo habían pagado por contratos ficticios con diferentes empresas.
Siguiendo las pistas se pudo dar con el presunto cabecilla del entramado criminal y se comprobó que actuaba en connivencia con los administradores de varias empresas, por lo que valiéndose de la personalidad jurídica de éstas, vendía los contratos por cantidades comprendidas entre los 1.000 y los 6.000 euros a personas extranjeras irregulares. La organización se componía asimismo de otros individuos extranjeros que realizaban la función de intermediarios y se encargaban del proceso de captación.
La investigación por parte de la Policía Nacional conllevó al análisis de más de 150 expedientes en los que se emplearon contratos con hasta ocho diferentes empresas relacionadas con la organización criminal, solicitándose la apertura de dichos expedientes en diversas Oficinas de Extranjería repartidas por diversas provincias del país --Alicante, Murcia, Toledo, Huesca, A Coruña, Navarra--.
Las pesquisas llevaron a los investigadores a la comprobación de los emplazamientos que figuraban en los contratos y resultó que las direcciones eran inexistentes, pertenecían a locales abandonadas, negocios cerrados, descampados, urbanizaciones privadas o bien bloques de pisos residenciales sin actividad económica. «Todo ello evidenciaba claramente la ilicitud de las contrataciones», han apuntado las mismas fuentes.
La organización enriquecía a costa de la necesidad de los inmigrantes que precisan regularizar su situación. Se procedió a la primera fase de explotación que se produjo en agosto de 2023, si bien se produjeron muchas más detenciones en los meses posteriores, entre el mismo año 2023 y el 2024.
Más de dos años de investigación
En esta operación se han realizado un total de 110 detenciones, 83 varones y 27 mujeres, a los que se les atribuye un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros --concretamente el de facilitación de la inmigración irregular--, falsedad documental, estafa, fraude a la seguridad social e, incluso, delito contra la seguridad vial.
También se investigan ocho empresas utilizadas para llevar a cabo las contrataciones fraudulentas y se ha conseguido detener a nueve de sus administradores. Se calcula que el rango medio de dinero exigido al inmigrante por cada contratación fraudulenta estaría entre los 2.500 y 3.500 euros, pudiendo obtener un beneficio estimado de casi un millón de euros --980.000 euros-- dicha organización criminal desarticulada.
Enumerando los diferentes países de los que son originarios los detenidos, se encuentran Argelia, Marruecos, España, Colombia, Ecuador, Bangladesh y Polonia. La cabeza del entramado es un varón, español y de 74 años. De todo lo actuado conocen los Juzgados de Instrucción de Alicante.
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