El presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, ha apostado por el diálogo con el Ayuntamiento de Barcelona y con los vecinos afectados por la construcción de la escalinata de la Fachada de la Gloria, y confía en encontrar una «solución adecuada».
«La cuestión es no cerrarse en banda, sino que busquemos soluciones de la mejor manera posible. Y eso pasa por negociar con la administración municipal y, al mismo tiempo, con los vecinos», ha dicho este viernes en declaraciones a los periodistas tras el acto de concesión del I Fons d'Acció Social de la Sagrada Familia.
Camps ha recordado que la Junta Constructora ha comprado los terrenos de la calle Mallorca entre Lepant y Marina y que esto «puede ser el punto de partida para una posible solución» para los vecinos afectados.
En estos terrenos se podrían construir entre 113 y 138 viviendas, según la clasificación que haga el consistorio, y ha remarcado que «primero hay que saber cómo quiere afrontar el Ayuntamiento la situación y cuál es su predisposición».
Muchas reuniones
«Los vecinos han manifestado que no quieren irse del barrio. Eso no es ningún problema. Buscaremos la solución adecuada para que todos puedan quedarse en el barrio. Pero es cuestión de muchas reuniones. Eso no se puede decidir de un día para otro», ha insistido.
Ha puesto en valor la actitud dialogante, dice textualmente, del Ayuntamiento sobre qué hacer con la escalinata y ha explicado que también han colaborado con la asociación de vecinos en otros asuntos: «Hemos llegado a otras colaboraciones sin ningún problema, por lo que hablando la gente se entiende».
La promesa del ayuntamiento
El Ayuntamiento de Barcelona prometió a los vecinos afectados por la construcción de la escalinata de la Fachada de la Gloria de la Sagrada Familia alcanzar un acuerdo con ellos este mandato, para cambiar el Plan General Metropolitano (PGM) de 1976, que comporta derribar viviendas de la franja central de 2 manzanas de longitud de la calle Mallorca.
Para el Consistorio, la solución urbanística que pacten debe partir de dos premisas: garantizar el derecho a la vivienda y terminar con la provisionalidad.
La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, dijo que si esta solución, a la que también deberán llegar con la Junta Constructora de la Sagrada Familia, comporta la «expropiación forzosa» de los vecinos del entorno, la deberá afrontar la Junta.
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