El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha recomendado «revisar» el procedimiento en las próximas convocatorias del Bono Alquiler Joven en Andalucía, poniendo «especial atención» en la brecha digital. Además, ha instado a realizar actuaciones de carácter estructural y permanente en cuanto a los medios necesarios, tanto técnicos como relacionados a la dotación de personal, así como a revisar el procedimiento establecido para futuras convocatorias y modificar la obligatoriedad de la presentación de forma telemática de las solicitudes.
Así se desprende de una resolución formulada en la queja 23/8477 dirigida a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. La Defensoría andaluza del Pueblo, ante «las múltiples incidencias que han acontecido la convocatoria de estas ayudas, se han instados sendas quejas de oficio con el ánimo de contribuir a mejorar los procedimientos relacionados con estas ayudas, que son fundamentalmente la salvaguarda del derecho de acceso a la vivienda de la juventud andaluza».
En la resolución, consultada por Europa Press, el Defensor señala que desde 2022 «la institución comenzó a recopilar información sobre dilaciones que se apreciaban en la tramitación del procedimiento de concesión del Bono Alquiler Joven, siendo el desencanto de la juventud un sentir permanente». En origen, desde el organismo andaluz se adoptó la decisión de iniciar una actuación de oficio y tras el análisis de los informes recibidos de la Secretaría General de Vivienda, se estimó conveniente formular Resolución, encaminada a mejorar la tramitación de las ayudas previstas en la Orden 3 de octubre de 2022.
Así las cosas, se dieron por concluidas las actuaciones en dicha queja de oficio, con las recomendaciones y sugerencias que se estimaron en ese momento de la actuación, sin perjuicio de incidir sobre el seguimiento y la evolución que estas materias comprendían; en función de los resultados que se fueran a alcanzar y, en todo caso, al hilo de las peticiones de la ciudadanía en cada caso particular.
No obstante, los testimonios que seguían llegando al Defensor daban a conocer que «la situación estaba lejos de mejorar y alertaban sobre otras cuestiones que pudieran condicionar la normal tramitación de estas peticiones», por lo que, una vez superada la fase de tramitación robotizada de la convocatoria, se abrió la queja de oficio objeto de esta resolución, a los efectos de conocer el grado de ejecución de la citada convocatoria en cada una de las provincias andaluzas, así como la fecha en la que cada una de las delegaciones territoriales pudieran dar respuesta a la totalidad de los expedientes que tramitan y las medidas implementadas para aliviar tal situación.
A este respecto, la Consejería envió a la Defensoría en enero de este año un informe con datos de noviembre de 2023, en el que se trasladaba el número de solicitud presentadas, así como las resoluciones emitidas y notificadas, unos datos que, según el Defensor, «no son coincidentes con los aportados en su informe en referencia a algunas provincias». Además, los porcentajes de ejecución «se referían a documentos favorables emitidos y no a resoluciones emitidas y notificadas, que era el dato que se había solicitado».
«Si bien nos hacían constar en su informe que se hacía todo el esfuerzo posible para agilizar la tramitación de estas ayudas, cuando se imitó el informe en ninguna provincia se había alcanzado la totalidad de resoluciones presentadas», han aseverado desde el Defensor andaluz, resaltando que «también reseñaban que en convocatorias anteriores similares el periodo medio de gestión alcanzaba los dos años», una justificación «que no puede ser tenida en cuenta» dado que, desde la Defensoría, «se analiza la convocatoria de la Orden de 3 de octubre de 2022, en relación con el tiempo estipulado en la misma, esto es, seis meses desde su convocatoria».
En todo caso, la Defensoría advierte que «las dilaciones de las anteriores convocatorias debieron haberse analizado para mejorar los tiempos de respuesta actual», al tiempo que ha hecho hincapié en que «no emitir resoluciones e los seis meses siguientes a la publicación de la orden es frustrar de antemano la confianza de la población destinataria en las políticas públicas como medio de resolución de los problemas».
"falta" de dotación presupuestaria
Además, el Defensor del Pueblo Andaluz ha señalado que en el informe constaban otras dificultades que habrían contribuido a la dilación de esta convocatoria como es la falta de dotación presupuestaria de la Administración General del Estado para la puesta en marcha para la gestión de la ayuda.
En relación a los medios técnicos y humanos para dar respuesta a los expedientes de cada provincia, indicando si las delegaciones están dotadas para dar respuesta en el plazo indicado, el Defensor ha señalado que «la Junta se limita a exponer que los órganos encargados de la gestión están tramitando el bono con la mayor celeridad y diligencia».
En cuanto a las medidas implementadas para aliviar la situación que ha presentado la convocatoria, la Consejería de Fomente informaba del «plan de choque de personal de funcionario interino con la incorporación de 57 efectivos a las delegaciones territoriales y a los servicios centrales de la Consejería; la incorporación de trabajadores procedentes de la subvención del Servicio Andaluz de Empleo de Primera Experiencia Profesional; un contingente de quince efectivos de los servicios centrales de la Consejería y que se están dedicando a la gestión del bono mediante asignación temporal de funciones y el estudio jurídico para llevar a cabo una encomienda a la agencia de Vivienda y Rehabilitación andaluza (AVRA)».
A juicio de la Defensoría, estas medidas «no aportan datos sobre las fechas en las que fueron adoptadas ni sobre los tiempos en los que se esperaba obtener notificadas la totalidad de las resoluciones en cada una de las provincias. »Tampoco aporta información sobre la posible encomienda a AVRA, que entendemos se estará analizando para las siguientes convocatorias", ha apostillado.
En relación a la ejecución presupuestaria, el Defensor del Pueblo andaluz advierte que «no se aportaban datos referidos al crédito efectivamente pagado». Y sobre la presunta «falta de transparencia» de los listados alojados en la web de la Consejería, el Defensor señala que «no ofrecen respuestas a quienes han sido notificados», dado que,, «no aportan datos fáciles para conocer el orden de presentación de las solicitudes ni el estado de tramitación del expediente».
Revisión del procedimiento
Ante las «dilaciones» que se han producido en las distintas etapas del procedimiento de estas subvenciones y «una vez superado en la totalidad de las solicitudes el plazo de seis meses establecido para resolver y notificar la resolución», el Defensor insta a «una revisión» de cada una de las fases del procedimiento, con el objetivo de «garantizar los derechos de la juventud en futuras convocatorias».
Además, la entidad andaluza también apunta a la «obviedad» en el procedimiento de los principios rectores de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos y transparencias por los que, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto andaluz de Autonomía y el 103 de la Constitución, debe regirse la Administración autonómica.
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